El Principado adeuda más de nueve millones de euros a los centros especiales de empleo

Estas 102 empresas consideradas centros especiales de empleo cuentan con 1.065 trabajadores con una discapacidad severa, es decir, superior al 65%, y 1.668 con discapacidad no severa, entre el 33% y el 65%. Eso hace que el Principado subvencione el 50% del salario mínimo interprofesional de 2.732 trabajadores debido a la labor social que realizan estas empresas para favorecer la integración de los beneficiarios. Pero hay que tener en cuenta que esa subvención es independiente de la cuantía de la nómina que cobre cada empleado.

Hay empresas que tienen un número muy importante de trabajadores con una discapacidad reconocida. Superan el centenar de empleados en estas condiciones centros especiales de empleo como APTA, con 162; CLN Incorpora, con 320; Ilunion CEE Outsourcing, con 106; Instituto Minusválido Astur, con 383; y Lacera Integra, con 108. Eso quiere decir que hay empresas que aguardan por una cantidad de dinero muy importante, alguna en torno a los 900.000 euros, aunque apuntan que «no hasta el extremo de tener que despedir a trabajadores».

¿Por qué se está produciendo esta situación? Los responsables de las empresas indican que cuando reclaman al Principado «nos dan dos respuestas». «O dicen que están desbordados por los cambios que hubo en la Consejería de Empleo o que no tienen dinero. La verdad es que no sabemos a qué atenernos», añaden.

También hubo algunos cambios en la concesión de este tipo de ayudas. Hasta hace poco, se trataba de subvenciones semestrales. Las empresas presentaban sus peticiones y, una vez pasado el periodo de seis meses correspondiente, debían justificar los gastos. Era entonces cuando el Principado realizaba los pagos. Así fue hasta mediados del año pasado, pero la realidad es que «nos deben entero el primer semestre de 2017». «Que sepamos, ninguna empresa cobró nada», lamentan.

A mediados del año pasado la convocatoria se transformó en anual. Estos centros especiales de empleo temen que «sea para retrasar más los plazos de pago», pero la realidad es que ese cambio supondrá que «tendremos que aguantar más de un año sin cobrar la subvención». La normativa del Principado dice que la viabilidad económica de estas empresas no puede depender de la subvención, pero la verdad es que su situación financiera se resiente de manera muy importante. Es cierto que la gran mayoría son empresas, pero «también hay muchas agrupaciones de trabajadores, una especie de cooperativas, que se unieron para fomentar el trabajo con personas con discapacidades».

El último año que los pagos de estas subvenciones se realizaron correctamente fue en 2015, cuando el Principado realizó los abonos a los tres o cuatro meses de que las empresas justificaran los gastos reales que tuvieron. El segundo pago de 2016 se realizó hace dos semanas y aún se está a la espera por todo lo que se adeuda de 2017. Los afectados indican que «hace entre nueve o doce meses hubo una serie de cambios en la Consejería de Empleo, especialmente en el departamento encargado de las subvenciones. Ese hecho, unido a la situación de prórroga presupuestaria en el Principado, motivó que comenzaran los retrasos en los pagos». ¿La consecuencia? «Está todo 2017 sin pagar». «Hay empresas con más o menos problemas, porque nosotros tenemos que seguir pagando a los trabajadores». Por ello, se preguntan «¿cómo vamos a poder seguir haciendo esta gran labor social si no va acompañada por el apoyo del Gobierno regional?».

Además de estas 102 empresas reconocidas como centros especiales de empleo, hay otras nueve entidades sin ánimo de lucro que cuentan con 86 trabajadores con discapacidad severa y 112 con una discapacidad no severa. Se les adeudan cantidades importantes, que en total se acercan al millón de euros. Y la situación se mantiene sin que la Consejería de Empleo sea capaz de dar una respuesta concreta a sus peticiones de información.