El Principado dice que pagó parte de lo adeudado a los centros especiales de empleo

Sostiene que abonó dos millones del primer semestre de 2017 y que tramitó la orden de pago de medio millón

MARCO MENÉNDEZ GIJÓN.

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo asegura que ya ha abonado parte de los nueve millones de euros que le reclaman las 102 empresas asturianas reconocidas como centros especiales de empleo por las subvenciones de 2017. Según explica la consejería, el año pasado está afectado por dos convocatorias de ayudas, una correspondiente al primer semestre de 2017 y otra que comprende desde julio de ese año hasta junio de 2018.

En cuanto a la primera de ellas, Empleo indica que el presupuesto fue de 5.150.000 euros, si bien se concedieron subvenciones por valor de 4.860.958,20 euros. Apunta que «en estos momento se encuentra en proceso de justificación y pago». «Se han pagado ya 2.000.000 euros y se ha tramitado la orden de pago de otros 0,5 millones de euros. Para el resto de subvenciones concedidas se está revisando la justificación», mantiene.

En cuanto a la segunda convocatoria, el presupuesto total ascendía a 11.048.200 euros, de los que 3.098.200 correspondían al último semestre de 2017 y 7.950.000 al primero de 2018. Las subvenciones concedidas fueron por 10.765.836,89 euros, de los que 3.053.532,61 corresponden al año pasado.

Según explica la consejería, «de esta convocatoria, por una parte se están resolviendo los recursos presentados a dicha resolución y, por otro lado, se está recibiendo documentación de justificaciones correspondientes a la convocatoria del segundo semestre de 2017».

2.732 trabajadores

Los 102 centros especiales de empleo de Asturias cuentan con 1.065 trabajadores con una discapacidad severa, es decir, superior al 65%, y con otros 1.668 con discapacidad no severa, entre el 33% y el 65%. Son un total de 2.732 trabajadores a los que el Principado subvenciona con el 50% del salario mínimo interprofesional, con independencia del sueldo real que se les abone. La situación de muchas de estas empresas es, cuando menos, delicada, ya que, como ya publicó EL COMERCIO el pasado lunes, indican que «nosotros pagamos los sueldos igual. En enero de 2017 pagamos a los trabajadores y aún no hemos cobrado la subvención».

Hay empresas a las que se le adeudan unos 900.000 euros. Si bien la situación no es tan grave como para tener que plantearse el despido de trabajadores, sí afecta a su balance financiero. Y más aún a aquellas empresas que se formaron como agrupaciones de trabajadores o cooperativas con el fin de fomentar el trabajo con personas con discapacidades y realizar, al mismo tiempo, una función social. La mayor preocupación que tenían estos empresarios era la falta de información, ya que aseguran que cuando solicitaban respuestas a sus demandas les indicaban, unas veces, que se trataba a retrasos por los cambios de organización realizados en el seno de la consejería y, otras veces, que no había dinero para efectuar los pagos.

Lo que sí quisieron dejar claro es que es difícil mantener la actividad de las empresas si transcurre más de un año sin que cobren las subvenciones, mientras que ellos tienen que seguir pagando las nóminas cada mes. Su incertidumbre creció a mediados del año pasado, cuando las tradicionales convocatorias semestrales para acceder a las ayudas del Principado se cambiaron por una anual.

Además de estas 102 empresas reconocidas como centros especiales de empleo, también están afectadas nueve entidades sin ánimo de lucro que cuentan con 86 trabajadores con discapacidad severa y 112 con una discapacidad no severa. A estas se les adeuda casi un millón de euros.

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