El Principado recaba ayuda vecinal para erradicar la polilla

Balbino Soto y María Jesús Fernández, dos de los agricultores de Gijón asistentes a la charla. / CITOULA
Balbino Soto y María Jesús Fernández, dos de los agricultores de Gijón asistentes a la charla. / CITOULA

Una inspección europea en primavera puede endurecer las medidas si la situación no se encuentra controlada

E. C. GIJÓN.

«Va a depender de ustedes y de nosotros», contestó ayer el técnico de Sanidad Vegetal del Principado Maximino Braña a la pregunta de cuándo se espera que la polilla guatemalteca se encuentre erradicada y su pueda volver a plantar patatas en Asturias. Tienen que transcurrir al menos dos años sin que se detecte el pernicioso insecto para que un municipio se pueda considerar libre de él y las restricciones aplicadas podrían ser más duras si una inspección europea prevista para la próxima primavera no ofrece resultados satisfactorios, de forma que el Gobierno regional hace un llamamiento encarecido a los agricultores porque su ayuda es imprescindible para solucionar el problema.

La razón es que la polilla guatemalteca tiene dos debilidades que la hacen vulnerable si los agricultores colaboran. Por una parte, necesita patata para reproducirse y desarrollarse. No tiene huertos alternativos que invadir. Por otra parte, puede volar, pero apenas unos 40 metros, así que, si se la aisla convenientemente, no puede desplazarse mucho para encontrar patatas. «Ella vuela, pero sobre cuatro ruedas y en bolsas de plástico vuela más», dijo Maximino Braña para indicar que hace falta que quienes puedan tener patata almacenada eviten su distribución, incluso entre familiares, a la menor sospecha de que pueda estar afectada por la polilla.

La alternativa está clara y la petición formulada ayer en el Ateneo de La Calzada, ante agricultores gijoneses que tienen prohibido plantar, sonó a súplica: «llámennos si detectan polilla, que nos ocupamos de retirar las patatas y de pagar las pérdidas; lo que no se puede hacer es tirar las patatas en un vertedero».

Hasta ahora se han detectado dos infracciones a la prohibición de plantar, que acarrean una multa mínima de 3.000 euros, más los gastos de recogida y destrucción del producto.

Los agricultores gijoneses plantan patata para consumo propio. El perjuicio, dijo María Jesús Fernández, es que «así sabemos lo que comemos», pero el daño económico no es grande, porque no hay comercialización o es mínima. Por eso no se muestra gran rechazo a las restricciones impuestas y existe consciencia de que si las imprudencias hacen que la polilla llegue a regiones de gran producción, el perjuicio para España puede ser enorme.

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