El Principado reclamará «como mínimo» cinco millones a Otero, Renedo y los empresarios

Guillermo Martínez, el portavoz del Principado, analizando el fallo.
Guillermo Martínez, el portavoz del Principado, analizando el fallo. / ÁLEX PIÑA

«Es un sarcasmo que un partido de corrupción sistémica como el PP pida la dimisión de Areces», reprende el portavoz del Gobierno

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

La Audiencia Provincial anunció el viernes quiénes son los ocho condenados por la trama de corrupción del 'caso Renedo', pero por problemas informáticos no notificará la sentencia completa hasta el jueves. En ese momento el Principado «pondrá toda la maquinaria a trabajar en el resarcimiento» de los fondos que le fueron sustraídos, un proceso que se avecina «complejo». Así lo reconoció el portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez.

Las dificultades del trámite obedecen a que para activarlo habrá que esperar a que la sentencia adquiera firmeza. Con los recursos que se le plantearán ante el Tribunal Supremo, eso no ocurrirá antes de un año. El fallo precisa además que al Principado le deben indemnizar María Jesús Otero, Marta Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, junto al hijo del exconsejero José Luis Iglesias Riopedre. El problema es que los magistrados solo fijan el importe para este último, 99.405,21 euros. Tras siete años y medio de proceso, el pulso entre el resto de condenados y acusaciones queda de nuevo postergado.

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El Principado puso por primera vez una cifra sobre la mesa. «No está cerrada, pero en un cálculo inicial no será nunca menos de cinco millones», avanzó Martínez. El mayor agujero se lo imputó a Otero. La que fue 'número 2' de Educación durante siete años afrontará una reclamación de, «como mínimo, 2.532.285 euros». La suma no queda ahí. «Junto a los empresarios debe indemnizar solidariamente por las obras pagadas y no ejecutadas, el material no entregado y el que se suministró pero se pagó a un precio superior al real», explicó el portavoz.

Según el consejero de Presidencia, «la cantidad sustraída por Marta Renedo al Principado alcanzaría un mínimo de 1.898.217 euros», precisó. Además le pedirán otros 460.130 euros que el Gobierno cree que cosechó «por favorecer a Igrafo y APSA».

«Las cantidades que se exigen son a Renedo, Otero y los dos empresarios, pero debemos esperar a conocer la letra de la sentencia», advirtió Martínez. El exconsejero José Luis Iglesias Riopedre ha resultado condenado a seis años de cárcel, pero la Audiencia descarta que se beneficiara de forma directa de fondos públicos, por lo que no le impone el pago de indemnización alguna. El fallo le castiga, no obstante, con una multa de 400.000 euros por sus cuatro delitos.

«Tenemos además abierta la vía del Tribunal de Cuentas, con exigencias a Iglesias Riopedre», recordó. En esa jurisdicción se avanza un proceso por el cual el Principado sí solicita a su exconsejero que abone 200.000 euros. Por último, el político hoy jubilado se encuentra también imputado en una investigación penal paralela centrada en el supuesto fraude ocurrido en Educación.

Hay por tanto varios frentes a los que les quedan años de maduración antes de conseguir la recuperación del dinero. El dilema inmediato de las acusaciones del 'caso Renedo' es decidir si solicitan a la Audiencia Provincial que encierre en prisión a los condenados, sin aguardar a que se resuelvan sus recursos. «Hasta que no podamos tener acceso a la sentencia, no podremos hacer una afirmación rotunda», disculpó Martínez.

En el Gobierno de Javier Fernández creen que el veredicto deja acotadas las responsabilidades y «permite separar a los inocentes de los culpables», en palabras de su portavoz. «Aquí no se trata de una trama de financiación de un partido, ni de una trama que agrupe a una gran cantidad de funcionarios y políticos o una organización numerosa, como en un principio se llegó a plantear por parte de alguna fuerza», evocó. Renedo, dijo, «es un caso aislado entre más de 25.000 empleados públicos».

Un discutido origen

El portavoz reiteró que fue el Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces el que cursó «la denuncia inicial», que aquella administración «puso en conocimiento de la Fiscalía y la Policía este caso». Es una aseveración controvertida. El Principado despidió y denunció a Marta Renedo el 17 de febrero de 2010, cuando la magistrada Ana López Pandiella y los agentes del Grupo de Delincuencia Económica llevaban dos semanas investigándola tratando de hacerlo en secreto.

Martínez subrayó que tanto el Gobierno de Areces como el de Javier Fernández «han colaborado total y absolutamente con la justicia». Sobre los reproches de la oposición señaló que «ninguna de esas formaciones ha puesto el listón tan alto en la exigencia de responsabilidades» como el PSOE. El portavoz se refirió también a la petición del PP para que Areces dimita como senador: «Parece un sarcasmo que un partido de corrupción sistémica haga esas declaraciones, es una muestra de desesperación».

De cara al futuro, el consejero invitó a la oposición a negociar el proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno propuesto por el Gobierno: «No tenemos nada que ocultar; estamos dispuestos a avanzar con los planteamientos de otros grupos que mejoren el texto inicial».

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