El Principado tilda de «improvisado» el proyecto de ley de emergencias del PP

Guillermo Martínez da explicaciones en la Junta General, flanqueado por Eugenio García, gerente del SEPA, y Manuel Calvo, director general de Recursos Naturales.
Guillermo Martínez da explicaciones en la Junta General, flanqueado por Eugenio García, gerente del SEPA, y Manuel Calvo, director general de Recursos Naturales. / PABLO LORENZANA

El personal del SEPA reclama ser funcionario y el consejero Guillermo Martínez se muestra de acuerdo en «abrir el debate»

MARCO MENÉNDEZ GIJÓN.

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, intervino ayer en la comisión que analiza la proposición de Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias presentada por el PP e indicó que «el Gobierno de Asturias no hubiera presentado este texto, muy improvisado, con carencias, sin participación y que deja muchas cosas abiertas», pero aseguró que «siempre estamos dispuestos a hablar, como con todas las leyes que se hacen en el Parlamento». Por eso, mostró su «disposición al diálogo» en la negociación de este borrador.

Martínez aprovechó, no obstante, para acusar al PP de aprovechar el borrador que había elaborado el Ejecutivo regional en 2014 y de copiar tal cual 109 de los 119 artículos que lo componían. El consejero apuntó que «el Gobierno de Asturias lo habría revisado en profundidad, actualizándolo al nuevo sistema nacional de protección civil aprobado el pasado mes de enero». Y es que el texto del PP cuenta hasta con cinco puntos que «conculcan leyes básicas estatales».

Guillermo Martínez se opuso además frontalmente a una de las demandas de los trabajadores del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que solicitan equiparar a los auxiliares de bomberos con la categoría de bombero-conductor. Para ello sacó a colación una sentencia del TSJA que diferencia las funciones de cada categoría y apuntó que esa equiparación «no resultaría neutra en cuanto al coste».

También habló de la petición de los trabajadores del servicio de ser funcionarios. Si bien no se mostró de acuerdo y apuntó la necesidad de analizar el coste que supondría, sí indicó que «estamos abiertos a hablar con el comité de empresa con los límites que se determinen y los impactos presupuestarios que tenga. Estamos de acuerdo en abrir ese debate, no tenemos una postura cerrada».

Falta de concreción

También intervinieron los representantes del comité de empresa del SEPA, que criticaron la falta de concreción que presenta el proyecto de ley presentado por el PP. Los representantes de los trabajadores echaron en falta asuntos como transformar a todo el personal en funcionario, más formación y regular la segunda actividad. El presidente del comité, Marco Rivero, explicó que en tres años unas 56 personas pasarán a la segunda actividad solo por haber cumplido 55 años, «más los que surjan por otros problemas. Quitar unas 60 personas del operativo de primera intervención mermará el servicio. Creemos que sería mejor hacerlo por criterios psiquico-físicos».

La potenciación de la coordinación y la información a la sociedad fueron otros aspectos apuntados por los profesionales. Javier Jiménez, guarda investigador del Bripas (Brigadas de Investigación de Incendios Forestales del Principado) en la zona oriental, explicó que «el futuro de Asturias es muy negativo, porque se dan situaciones cada vez más graves. La información y la percepción del riesgo por parte de la sociedad es fundamental».

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