Procesados siete militares argentinos por el secuestro de una gijonesa hace 41 años

La gijonesa Rocío Martínez, en Buenos Aires, con su hija Bárbara, meses antes de que la secuestraran de su casa en junio de 1976.

Rocío Martínez Borbolla, maestra, tenía 30 años cuando fue raptada de forma violenta de su casa en Buenos Aires. Su cuerpo jamás apareció

LAURA FONSECA GIJÓN.

Tras el juicio a la Junta Militar que en diciembre de 1985 logró encarcelar a los principales responsables de la cruenta represión de la dictadura argentina de la década de los setenta, entre ellos, el general Videla (fallecido en prisión en mayo de 2013), no hubo una causa judicial tan grande como la que ha propiciado el caso del secuestro, desaparición y muerte de la gijonesa Rocío Martínez Borbolla hace 41 años. Gracias al testimonio de su hija Bárbara, que en el momento de los hechos (13 de junio de 1976) tenía tan solo 8 años, y a lo declarado por otros testigos, un juez ha podido reunir las pruebas necesarias para procesar a siete de los militares que en 1976 participaron en una sucesión de operativos para el secuestro y desaparición sistemática de personas. La megacausa que se investiga afecta a 37 víctimas, entre las que hay siete supervivientes. La gijonesa Rocío Martínez, que había llegado a Argentina en la adolescencia debido al exilio político de su padre, un líder minero de Cabrales, fue sacada de forma violenta de su casa en junio de 1976. Nunca más supieron de ella.

41 años después su familia, que jamás dio con su cadáver, sigue clamando justicia. Rocío era maestra y estudiaba sociología. Había participado en la fundación del sindicato docente Ctera y editaba la revista 'El Combatiente'. El pasado 15 de septiembre, el juez Daniel Rafecas, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 3, decretó el procesamiento de siete militares del regimiento de la localidad bonaerense de Mercedes.

Las torturas, secuestros y asesinatos contra ciudadanos cometidos durante la dictadura militar están considerados delitos de lesa humanidad, de ahí que a pesar de que hayan transcurrido más de cuatro décadas no hayan prescrito.

La asturiana fundó el sindicato docente Ctera y era editora de la revista 'El Combatiente'

Como tampoco prescribió en la memoria de Bárbara lo ocurrido aquella luctuosa madrugada del 13 de junio de 1976, cuando un grupo de militares ('una patota', como se denomina en Argentina esta forma de actuar) irrumpió de violentamente en su casa de Haedo, en el partido de Morón, perteneciente al Gran Buenos Aires. Su recuerdo y testimonio ha sido crucial para identificar a quienes se llevaron en plena noche a su madre, Rocío, y al novio de ésta, Pedro Oscar Martucci, de 25 años, también docente. Bárbara y su hermano Camilo, de cuatro años, dormían cuando «me desperté por unos fuertes golpes que escuché en la puerta de casa». Más de diez miembros del Ejército vestidos de civil, con gorros de lana y borceguíes, entraron en la vivienda. Iban armados.

Un culatazo en la cabeza

Bárbara intentó escapar con su hermano por una ventana de la habitación que daba a la calle. Pero uno de los militares entró y «me pegó un culatazo con la escopeta». Al ver que le había pegado a una niña «se empezó a reír y me dijo 'menos mal que la ventana no se abrió porque si no te hubieran disparado porque está la casa rodeada por todos lados'». Gracias al recuerdo de esa cara, la del hombre del culatazo, que se llama Martín Eduardo Sánchez Zinny (entonces subteniente), se ha podido tirar del hilo y dar cuerpo a esta megacausa.

El juez reconoce en su escrito de 470 páginas que el secuestro de la gijonesa fue el inicio de «un operativo organizado y continuo del personal militar» que prosiguió con otras muchas desapariciones sistemáticas. Durante el periodo de la dictadura militar fueron más de 30.000 las personas a las que se hizo desaparecer y a las que confinaron en centros clandestinos de detención. El destino de la mayoría de ellos fue la muerte.

Para los siete militares procesados «se pedirá cadena perpetua», indicó Bárbara García, desde Buenos Aires, quien aseguró que «el procesamiento es muy bueno. Toma la hipótesis completa de nuestra querella». Se trata, dice, «de la masacre genocida con menor porcentaje de sobrevivientes». Entre las víctimas figura la hermana de Víctor Heredia, un conocido cantante argentino que como Bárbara lleva décadas buscando justicia.

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