«El proceso se prolongará otros cuatro años más»

El banquillo. De los trece acusados iniciales, cinco han resultado finalmente absueltos.
El banquillo. De los trece acusados iniciales, cinco han resultado finalmente absueltos. / DAMIÁN ARIENZA

Los recursos, devolución de fondos y otros pleitos impiden poner el punto final | Lejos de aclarar la trama, el veredicto conocido el viernes desata nuevas incógnitas entre los letrados que la sentencia deberá aclarar

R. MUÑIZ OVIEDO.

Queda 'caso Renedo' para rato. La trama seguirá depurándose en los tribunales «al menos cuatro años más». Así lo estiman los juristas implicados en la causa, que recuerdan el largo camino que les queda. Una vez se conozca la sentencia en su integridad, el jueves, la Audiencia Provincial convocará una vista para decidir si los condenados deben ir ya a prisión. También correrá el plazo para presentar recursos ante el Tribunal Supremo. Solo los que han recibido las penas más livianas valoran renunciar a ello. «No es que aceptemos la culpabilidad, pero los costes de recurrir y el esfuerzo de seguir defendiéndonos quizás no compensen», señala uno de los abogados en esa situación.

La decisión del Alto Tribunal se demorará uno o dos años. Los magistrados y la Fiscalía adscrita tienen que estudiarse la causa y verificar si, como sostienen parte de los condenados, las escuchas telefónicas practicadas no tenían amparo legal suficiente. De tener razón, todo quedaría anulado.

1¿Qué condena a Riopedre a seis años de prisión?
2¿Se considera que viajó a cargo de las empresas?
3¿Por qué su hijo pagará al Principado pero él no?
4¿Qué impide ahora fijar el dinero a devolver?
5¿En qué se basa la prevaricación de Renedo?
6¿Por qué Juárez es condenado y los demás 'secundarios' no?
7¿Las facturas falsas eran generalizadas?

Aunque el Supremo confirme la sentencia, seguirá quedando tela que cortar. En ese momento la Audiencia retomará la causa para abrir un nuevo trámite en el que fijar los fondos que deben devolverse al erario autonómico. Además de reclamar una cifra, el Principado deberá presentar las pruebas que tiene para llegar a ella. Los condenados, por su parte, tendrán derecho a rebatirlo, en un proceso que se adivina conflictivo.

No queda ahí la cosa. Tras el Supremo, hay otra instancia a la que apelar. Quienes ven vulnerados sus derechos fundamentales tienen el Tribunal Constitucional. El representante de Marta Renedo, la de María Jesús Otero y los de los dos principales empresarios se cuidaron de anunciar formalmente su intención de acogerse a esta vía, algo imprescindible para luego poder hacerlo. El Constitucional puede no ser el último. El exconsejero José Luis Iglesias Riopedre mantiene su inocencia pese a haber sido condenado a seis años de cárcel por la comisión de cuatro delitos. El veterano político ha confiado que, si la vida se lo permite, está dispuesto a defender su honor en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Todo en relación al sumario principal. Al margen existen pleitos paralelos. Un juzgado de Instrucción investiga el supuesto fraude de Igrafo y APSA en Educación y tiene docenas de testigos pendientes de citar. Otro de lo Penal juzgará la semana que viene el delito fiscal de Igrafo; en caso de condena, es seguro que habrá nuevos recursos. En el Tribunal de Cuentas hay otros dos pleitos abiertos contra Renedo y Riopedre.

Los interrogantes

Quedan entregas para que el 'caso Renedo' deje de estar en los tribunales, pero de momento todas las miradas están en esa sentencia de unos mil folios que se conocerá el jueves. El fallo divulgado por la Audiencia el viernes plantea nuevas preguntas entre los afectados. Hay interés en saber en qué se basan los seis años de cárcel del exconsejero y si se da por probado que viajó a Canarias financiado por los empresarios. Otra de las incógnitas: ¿por qué su hijo debe devolver fondos al Principado pero él no?

La Sección Tercera rehusa de momento fijar el monto de las indemnizaciones a la administración, por causas que se desconocen. Sí se sabe que a Renedo se le reprocha un delito de prevaricación, es decir, que dictó resoluciones injustas a sabiendas, una actitud habitualmente reservada a altos cargos pero no a funcionarios. Quedan por conocer qué condena a multa a Francisco Javier Juárez y absuelve a los otros cuatro 'secundarios'. Se espera que la sentencia aclare si las facturas falsas solo se daban en Educación o era una ilegalidad extendida a otras consejerías.

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