Proponen investigar un posible blanqueo de 223.000 euros

R. M. / P. L. OVIEDO.

Se ha estudiado toda la causa, los atestados, los interrogatorios, concluyendo que los investigadores dejaron algunos cabos sueltos. En unos casos, la Audiencia pasa de puntillas sobre ellos, o los omite; en otros los recrimina. Ocurre por ejemplo con los directores de los cinco colegios a los que la Policía entrevistó, comprobando así que no les habían llegado materiales por los que la Consejería de Educación pagó alrededor de un millón de euros. La resolución desliza cierta sorpresa por el hecho de que las acusaciones no los citaron a declarar al juicio «a pesar de que no consta ni se alega causa o razón alguna que impidiera contar» con sus versiones.

Al analizar el caso de Belén de la Montaña, deduce que la misma triquiñuela se practicó con otro contrato de San Julián de Bimenes, por más que reconoce que los agentes no investigaron ese asunto. La sentencia aprecia algún encargo más de la Consejería de Educación que pudo ser fraccionado con conocimiento de José Luis Iglesias Riopedre, sin ahondar en ello.

Lo contrario hace con un pago de 223.000 euros que considera que Renedo hizo a favor de Maximino Fernández. Las acusaciones atribuían esos fondos al Principado, pero no hay prueba de ello. La sentencia considera que tras el enigma del origen de ese dinero hay indicios de blanqueo de capitales, y sugiere a la fiscalía que lo investigue antes de que prescriba, el año que viene.

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