«El 'caso Renedo' nos costó recortes en las aulas», dicen los maestros

«Los controles se multiplicaron por cien en los niveles inferiores, pero no fuimos nosotros los que fallamos», indican los sindicatos docentes

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero dirigieron la Consejería de Educación durante siete años, decidieron el destino de cientos de millones y ahora la Audiencia Provincial ha concluido que cometieron delitos de gravedad como para condenarlos a prisión durante seis años a él y nueve y medio a ella. La sentencia que detalla los hechos probados se conocerá el jueves, pero confirma algo que ya sospechaban policías, fiscales y jueces de instrucción: la mayor parte del dinero defraudado por la trama salió de las arcas de Educación.

La trama «nos ha costado parte de los recortes que hemos sufrido en las aulas», creen los portavoces de los sindicatos docentes Suatea, CC OO y CSI. «Todo ese dinero que falta, esos millones que la administración dejó de tener, eran para pupitres, ordenadores y mobiliario que nunca llegamos a recibir», argumenta Emma Rodríguez, portavoz de Suatea. La representante laboral lamenta «la tardanza que ha tenido el proceso judicial» para llegar a esas conclusiones.

«Los recortes vinieron impulsados por el Gobierno central pero estas cosas contribuyeron a que las aulas tuvieran menos dinero», incide Enrique Fernández, desde CC OO. «Ese decreto estatal es de 2012 y aquí el Principado lo aplicó con la dureza que habría tenido el PP, precisamente por la falta de disponibilidad económica que dejó esta trama», opina Vicenta Acebal, representante de CSI.

La investigación policial destapó cómo Otero instruía al dueño de Igrafo para que presentara ofertas amañadas con las que llevarse contratos de obras y material. También se sorprendió al consejero hablando por teléfono y solicitando que el mismo empresario diera trabajo bien pagado a su propio hijo. En 2015 el Principado se atrevió a cotejar las facturas abonadas a APSA e Igrafo con los materiales suministrados; encontró que solo en año y medio pagó cuatro millones por productos que ahora no es capaz de localizar.

Para evitar que se repitan esos comportamientos «los controles se multiplicaron por cien en los niveles inferiores, pero es que no éramos nosotros los que habíamos prevaricado», anota Acebal. «Ahora todo es un poco ridículo, si en mi instituto queremos comprar algo de más de 600 euros tenemos que pedir tres presupuestos y pasarlos a la consejería para que decida», incide.

«Es difícil para el profesorado determinar si eso está siendo eficaz o no, pero esperamos que sea efectivo porque si no, el caso nos estaría castigando doblemente, primero por la falta de fondos, después por el exceso de burocracia», valora Rodríguez. UGT y Anpe, por su parte, declinaron valorar la situación.

Más

Fotos

Vídeos