Riopedre delinquió por su hijo pero hay una «duda razonable» de que liderara la trama

El magistrado-juez Francisco Javier Rodríguez Santocildes, en el centro, antes de la lectura de los hechos probados. A los lados se sentaron los abogados y el fiscal, en las primera filas los acusados y detrás de ellos procuradores y periodistas. / PABLO LORENZANA

La Audiencia da por hecho que fraccionó encargos y firmó adjudicaciones falsas para favorecer a su descendiente, aunque ve posible que ignorase la dimensión de la corrupción en Educación | Considera que su subordinada cobró 1,8 millones en sobornos y Renedo se apropió de los fondos públicos de tres consejerías

RAMÓN MUÑIZ / ANA MORIYÓN OVIEDO.

A sus 77 años José Luis Iglesias Riopedre sabe ya por qué diantre la Audiencia Provincial lo condena a seis años de prisión. Los tres magistrados que han sentenciado el 'caso Renedo', sobre una trama de corrupción que anidó en el Principado, concluyen que cometió cuatro delitos, todos ellos con un objetivo claro: conseguir que fondos de la Consejería de Educación que dirigió durante siete años acabaran en Geogal, la empresa de la que son accionistas su hijo Ernesto y su propia esposa.

Así consta en los hechos probados de la sentencia, leídos ayer por el redactor de la misma, el magistrado-juez Francisco Javier Rodríguez Santocildes. En una vista pública, ante el resto de condenados, absueltos, abogados y procuradores, explicó que la deriva del exconsejero habría comenzado en 2008. «Iglesias Riopedre, en concierto con María Jesús Otero -su número 2- decidió promocionar el aprovechamiento geotérmico con intención de procurar trabajo a Geogal». Esta fuente de energía aprovecha el calor del subsuelo para alimentar la calefacción de viviendas y centros públicos. Es pues una energía renovable con importantes costes iniciales pero que, en caso de funcionar, ahorra factura energética a la larga.

«Las obras de geotermia requerían un estudio previo y Geogal los confeccionaba», amplía la resolución. «Al objeto de que se encargasen a Geogal, José Luis, de consumo con Otero, convino con Víctor Muñiz -empresario de Igrafo- que tales estudios se encomendaran a Nora, que a su vez se comprometía a solicitar los estudios a Geogal». Gracias a los intermediarios, los gestos del padre para favorecer a su hijo quedaban más opacos.

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«En ejecución de este plan», Ernesto Iglesias hizo sondeos en el IES de Infiesto, concluyendo que sí era viable en él poner una caldera de geotermia. «El monto de la obra requería que se sacara a licitación pública, y para eludirla, los acusados Iglesias Riopedre y Otero, de consumo con Antonio Azorín -el dueño de Nora- acordaron que Nora empezara sin adjudicación en forma y que el pago se hiciera fraccionado en tres contratos menores y uno negociado sin publicidad».

Ese habría sido el momento en el que el consejero, además de impulsar una política que favorecía directamente a su hijo, utilizó su firma para saltarse la ley. Él es quien rubrica la adjudicación de los tres contratos menores, que sobre el papel tienen por objeto cambiar ventanas en el IES Rey Pelayo, adecuar un solado en el de Llanes, y hacer una adaptación previa en el centro de Infiesto. «Azorín no realizó los trabajos de los tres contratos, pero siguiendo el plan trazado por los tres acusados», emitió las facturas falsas por un importe que ronda los 168.000 euros. El dinero se invertía así por la puerta de atrás en la geotermia.

El resto de los fondos de la obra los obtuvo Nora acudiendo a un procedimiento negociado sin publicidad, un sistema que exige que al menos tres empresas previamente invitadas por Educación compitan en precio por el encargo. Otero, «con aquiescencia de Iglesias Riopedre», se las ingenió para amañar el formato, de forma que además de Nora solo concurrieron compañías controladas por Víctor Muñiz, el 'conseguidor' necesario en esta historia. «Aparte de las obras de Infiesto, los acusados Iglesias Riopedre, Otero y Muñiz tuvieron conversaciones para adjudicar obras de geotermia en otros institutos, para que resultara adjudicataria Geogal». Los trabajos que cobró se realizaron y la Audiencia Provincial admite que no le consta «que las cantidades percibidas por Nora y Geogal excedieran el precio de mercado de las obras realmente ejecutadas». Eso sí, recuerda que en una ocasión Nora trató de pasar la factura de un sondeo que no se había hecho, algo que los propios técnicos de Educación detectaron y echaron atrás.

Un error con límites

El error de Iglesias Riopedre habría consistido así en forzar los procedimientos para conseguir que su hijo tuviera trabajos que, quizás en un concurso legal, no se hubiera llevado. Eso sí, no parece que Ernesto pasara sobrecostes o lograse dinero por sondeos no hechos.

Iglesias Riopedre no es María Jesús Otero, como se encargó ayer de resaltar el magistrado. Ella habría conseguido que Igrafo y APSA, los principales proveedores de Educación, se gastaran 1,8 millones en agasajarla con viajes, obras, muebles y transferencias de dinero. La sentencia, alcanzada por unanimidad de los tres jueces que componen la Sección Tercera, da por hecho que Otero, «con el conocimiento y aquiescencia» del consejero, «favoreció la adjudicación de contratos, singularmente los menores, negociados sin publicidad y homologados, a las empresas», dirigidas por Víctor Muñiz y Alfonso Sánchez.

Una prueba de que Iglesias Riopedre estaba al tanto la encuentran en las obras de urgencia encargadas en 2010, tras la inundación que arruinó el colegio e instituto de Arriondas. En ese momento la directora general tenía el teléfono pinchado por la policía, lo que permitió grabar a su jefe ordenándole que a la hora de conceder mobiliario, «reparte siempre» entre Igrafo y APSA, las empresas que, por otro lado, lideraban el sector.

Sin embargo, la sentencia ve posible que quizás Iglesias Riopedre no fuera del todo consciente de todos los delitos que cometía su subordinada junto a Igrafo y APSA. Salvo en el caso de la inundación, Otero era la que tenía «la competencia material» para decidir «cuándo, por qué y con quién se contrataba». Los empresarios emitieron decenas de facturas por materiales que nunca llegaron a los colegios e institutos, o que lo hicieron en cantidades inferiores, o con sobreprecios, «subsistiendo una duda razonable de que el acusado José Luis Iglesias Riopedre estuviera al corriente de estas prácticas», precisa la resolución.

No se sabe lo perdido

¿Cuántos fondos públicos reservados a los colegios se perdieron por esta vía? «Ha sido imposible hasta el momento determinar el perjuicio ocasionado a la administración del Principado empleando este sistema», reconoce la sentencia. El lamento se funda en que, para el juicio, solo ha podido tener en cuenta la comprobación que en 2012 la policía hizo, por orden del magistrado-juez Ángel Sorando, en cinco institutos. El cotejo demostró que productos por los que se habían pagado a Igrafo y APSA 1,3 millones no aparecían. Pese a que el ejercicio era un simple muestreo, el Principado rehusó extender el chequeo.

Solo a mediados de 2015, con la investigación ya cerrada, hizo una auditoría que elevó a cuatro millones el posible fraude cometido entre 2010 y mediados de 2011. El informe fue presentado ante la Audiencia semanas antes del juicio, siendo rechazado dada su demora.

Rodríguez Santocildes inició la lectura de los hechos probados centrándose en Marta Renedo, la funcionaria cuyos excesos propiciaron el inicio de la investigación. La Audiencia asume casi en su integridad la versión planteada por la Fiscalía, según la cual la funcionaria comenzó a apropiarse de fondos públicos en 2003. Durante siete años puso en práctica distintas estrategias para adueñarse de cada vez más dinero en las consejerías de Servicios Sociales, Cultura y Administraciones Públicas.

La sentencia la responsabiliza de haber falsificado un expediente que abonó 198.000 euros a Igrafo, por amueblar un centro en Belén de la Montaña (Valdés) que no existe. Renedo y Víctor Muñiz alegaron que el dinero compensaba a la mercantil por la reforma que sí hizo en la biblioteca del Fontán (Oviedo), un proyecto ambicioso del que el Principado no ha sido capaz de presentar expediente alguno. El fallo también carga en las espaldas de la ex jefa de servicio que Cultura pagara contratos fraudulentos para 'enchufar' a una serie de trabajadores, entre los que se encontraba un familiar de su jefe.

La sentencia seguirá conociéndose mañana. Ayer, de nuevo, la Audiencia no se atuvo a su previsión, y pospuso un día más la entrega íntegra de los cerca de mil folios que tiene la resolución. En el repaso que hizo el magistrado ponente, deslizó que existen contratos irregulares que figuran en otras partes de un documento al que en las últimas jornadas se le habrían introducido leves correcciones. Serían las segundas desde que el 1 de septiembre empezó a desvelar su veredicto.

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