Riopedre: «He podido cometer errores, pero jamás adopté ninguna decisión ilegal»

El exconsejero Iglesias Riopedre, el martes, con su abogado Sergio Herrero. / PABLO LORENZANA
El exconsejero Iglesias Riopedre, el martes, con su abogado Sergio Herrero. / PABLO LORENZANA

El exconsejero recurrirá el fallo y dice: «Todos conocen cómo vivo y mi situación económica; afrontaré sereno la sentencia definitiva»

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

Habla José Luis Iglesias Riopedre, el que fuera consejero de Educación durante siete años, hoy un jubilado al que la Audiencia Provincial acaba de condenar a pasar seis años en prisión. El veterano político se mantiene «inocente», admite que pudo cometer «errores» pero niega haberse llevado dinero público, y anuncia que recurrirá la sentencia del 'caso Renedo'. La decisión provoca que automáticamente el veredicto conocido esta semana sea provisional, susceptible de que el Tribunal Supremo lo tumbe.

Sabe que, sin esperar a esa resolución definitiva, en breve se deliberará si debe volver a ingresar en prisión, a lo que responde: «He estado, estoy y seguiré estando a disposición de la Justicia. Todos conocen cómo vivo, mis circunstancias personales y mi situación económica, que es la que quedó reflejada durante el juicio oral. Aquí estoy y cuando llegue el momento, afrontaré serenamente el contenido final de la sentencia definitiva sobre este asunto».

De momento, la resolución provisional entiende que durante su mandato cometió cuatro delitos «inspirado por una finalidad muy concreta, cual era favorecer a la empresa de su hijo Ernesto». Los encargos que se le encomendaron irregularmente al descendiente los realizó, y la sentencia no cuestiona que los cobrase a precios de mercado. Hasta ahí la corrupción que reprocha al político, la que estima probada. El fallo deja luego en el aire la «duda razonable» de si, además de lo suyo, el entonces consejero estaba al tanto de los millones de euros que su número 2 y sus empresarios amigos se repartían.

«Niego que las irregularidades que la sentencia atribuye a los demás condenados fueran ni consentidas ni conocidas por mí, y espero que el Tribunal Supremo así lo declare», respondió ayer Iglesias Riopedre. Mediante un comunicado emitido por Herrero Abogados, el despacho que dirige su defensa, el exconsejero se muestra tajante: «Soy inocente y lucharé hasta donde haga falta por demostrar mi honradez y dignidad personal».

En su hoja de servicios, Riopedre tiene la lucha política en los tiempos de la Transición. Junto al que luego fuera ministro y siempre su amigo, José Manuel Otero Novas, tuvo cierta influencia en la legalización del PCE, y se mostró activo en los debates sobre la importancia de asegurar la democracia interna en los partidos que estaban por venir. Es un hombre del sistema, y en su escrito se cuida de demostrar que los más de seis años que lleva de imputado no merman su confianza en las instituciones.

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«No estoy conforme con el contenido de la sentencia, pero quiero manifestar mi respeto al tribunal que la ha dictado», apunta. «No tengo queja alguna de su actuación durante el juicio oral ni del trato recibido. Los tres magistrados han actuado de forma independiente e imparcial, aunque considero que algunas de las conclusiones a que han llegado en la sentencia no resultan acertadas», manifiesta. Esa discrepancia es la que motiva que haya ordenado ya a su letrado, Sergio Herrero, que prepare el primer recurso que le ofrece el sistema, ante el Tribunal Supremo, de quien confía que «termine corrigiendo» el fallo de la Audiencia Provincial.

Viajes a Tenerife y Barcelona

En la decisión de los magistrados asturianos Iglesias Riopedre ve también razones para reivindicarse. «La sentencia reconoce que, como he dicho siempre, no he recibido ni un euro ilícito. No me he apropiado de dinero público ni he recibido tampoco dinero privado ni viajes ni regalos», comenta. Uno de los aspectos analizados en el juicio eran precisamente el de dos desplazamientos que hizo a Barcelona y Tenerife, ambos gestionados por su número 2, María Jesús Otero. El primero era una visita oficial que alargó en dos jornadas cuyo coste pagó Igrafo. El segundo un regalo financiado por sus amigos, pero que la Audiencia considera fue completado con dinero de la misma empresa. Los magistrados dan por probado que el consejero se movió de buena fe y desconocía que la mercantil estuviera detrás de parte de las facturas.

En sus 1.079 folios la sentencia aprecia en varias ocasiones que el exconsejero «estaba plenamente al corriente -él firmaba las resoluciones- de que tanto APSA como Igrafo eran los mayores beneficiarios de las adjudicaciones y que su intención es que así siguiera siendo», extremo que el aludido también rechaza. «Insisto en que no he dispensado nunca trato de favor alguno a cualquier persona o empresa, ni he pedido a nadie, ni recibido de nadie, cualquier remuneración, gratificación, regalo o recompensa por decisiones mías como consejero», señaló ayer.

Como mucho, «admito que he podido cometer errores en mi actuación, y que pude acaso ser imprudente en mis relaciones personales o en algunas expresiones coloquiales, pero reitero que jamás he adoptado como consejero ninguna decisión injusta, ilegal o irregular».

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