Riopedre recurrirá su condena por el 'caso Renedo' ante el Supremo por errores de forma

José Luis Iglesias Riopedre. / E. C.
José Luis Iglesias Riopedre. / E. C.

El letrado Sergio Herrero ya ha presentado el aviso ante la Audiencia Provincial, que juzgó al exconsejero de Educación

MARCO MENÉNDEZ GIJÓN.

La defensa del exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la condena de cinco años, dentro del 'caso Renedo' por prevaricación, fraude, cohecho y falsedad en documento mercantil. Así lo indica el letrado gijonés Sergio Herrero, cuando se cumplen tres meses del fallo, en un escrito remitido el pasado martes a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias.

Son varios los motivos que apunta la defensa: supuestas infracciones de derechos fundamental protegidos por la Constitución y de preceptos amparados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como el error en la apreciación de la prueba o el quebrantamiento de forma durante el procedimiento judicial, según lo dictado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En concreto, son seis los puntos que incluye la defensa de Iglesias Riopedre en su recurso de casación: tres sobre la Constitución y otros tres, sobre la antes citada ley. Los dos primeros aluden a la violación del principio de presunción de inocencia y de otros derechos fundamentales recogidos en el artículo 24 de la Carta Magna. Ahí se dice que «todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión». Y se añade que «todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas sus garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia».

El tercer motivo se centra en dos artículos de la Constitución que considera fueron infringidos durante el proceso en la Audiencia Provincial. Se trata del 9.3, que indica que «la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos». El segundo artículo es el 120, cuyos tres puntos señalan que «las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento». «El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal». Y «las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública».

Otros dos de los motivos en los que se basa el recurso de casación ante el Supremo apuntan a la infracción de ley y al error en la apreciación de la prueba. Estos aspectos vienen recogidos en los dos puntos del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que refleja las causas por las que se entenderá infringida la ley para el efecto de que pueda interponerse el recurso de casación. El primero explica que se podrá hacer «cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los dos artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra forma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la ley penal». El segundo punto hace referencia a un «error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por elementos probatorios».

Falta de claridad

Y también acudirá al artículo 851,1 de la mencionada ley, que indica que dicho recurso se podrá interponer «cuando en la sentencia no se expresa clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideren probados o resulte manifiesta contradicción entre ellos o se consignen como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, impliquen la predeterminación del fallo».

La defensa del exconsejero presentó el escrito ante la Audiencia Provincial, en el que le indica que tenga por anunciado y preparado el recurso contra la sentencia. La Audiencia deberá remitir al Tribunal Supremo el testimonio y tendrá que emplazar a las partes para su comparecencia.

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