Otero favoreció a Igrafo y a APSA «con conocimiento y aquiescencia» de Riopedre

Interior de la sala en la que se lleva a cabo la lectura de la sentencia del 'caso Renedo'. / Pablo Lorenzana

La sentencia del 'caso Renedo' señala que el exconsejero beneficiaba a Igrafo a cambio de contratos para su hijo | Marta Renedo delinquió una década y falsificó la firma de sus jefes

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

¿Por qué José Luis Iglesias Riopedre ha sido condenando a seis años de cárcel por el 'caso Renedo'? La lectura de la sentencia, realizada por el magistrado ponente lo aclara. «La acusada María Jesús Otero, con conocimiento y aquiescencia del consejero, favoreció todo tipo de contratos, singularmente menores, homolgados y negociados sin publicidad, a las empresas de Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez». Ella «controlaba todo el proceso de contratación», y por sus tratos de favor habría recibido regalos, dadivas y atenciones por parte de Igrafo que suman 1,06 millones, mientras que APSA invirtió en tenerla de su parte unos 803.000 euros.

¿Cuál es el papel del consejero? El ponente recordó una decena de expedientes cuya adjudicación firmó Iglesias Riopedre, que llevaron dinero a ambas empresas, «no recibiéndose nada» de lo encargado. Además, «acordó» junto a su número 2 fraccionar una obra de geotermia en Infiesto para que se la pudiera llevar de forma fraudulenta Nora, una de las empresas que se da por controlada por Víctor Muñiz. Para pagar a este contratista, además del dinero acordado, el consejero habría firmado otros contratos ficticios.

A cambio de estas ilegalidades, Otero recibía fondos y regalos, mientras el consejero se aseguraba que en las obras de geotermia Nora subcontratase los sondeos a la empresa de su mujer e hijo, Geogal. Como mayor descargo, el ponente precisó que existía connivencia entre consejero, directora general y empresarios, «existiendo la duda razonable» de si Iglesias Riopedre estaba al corriente de todo el dinero que movían el resto de acusados.

En la sala no estuvo presente la fiscal que ha llevado el caso, sustituida por un compañero. Lo leído deja varios apuntes. La Audiencia asume casi en su integridad el relato que venía sosteniendo el Ministerio Público, y que el Principado hizo suyo. Es decir, se considera que Marta Renedo delinquió casi una década, sobre sus espaldas se cargan todas las irregularidades detectadas en Cultura y Administraciones Públicas, incluida la contratación fraudulenta de un familiar de su exjefe, o el pago de unos 200.000 euros por el inexistente centro de Belén de la Montaña, fondos que la funcionaria y el dueño de Igrafo dijeron que compensaron la reforma de la biblioteca del Fontán, cuyo expediente no ha aparecido. Como máximo descargo, los magistrados aseguran que falsificó expedientes con firmas de las consejeras, y que lo hizo ella «o otra persona a su instancia».

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Finalmente a José Luis Iglesias Riopedre le hunde el hecho de haber firmado contratos por obras y materiales no entregados, y que ese tipo de delitos permitieran que la empresa de su hijo y mujer recibiera fondos salidos de Educación. Los magistrados consideran además que todos los delitos cometidos por María Jesús Otero para favorecer a Igrafo y APSA los hizo con pleno conocimiento de su superior.

Al Principado, de todo lo dicho, no le dedica mayor reproche que reconocer que «ha sido imposible determinar hasta el momento el perjuicio generado» en la Consejería de Educación. Pese a que los hechos se remontan a antes de 2011, el Principado no hizo un primer cotejo de los materiales entregados y no entregados en los colegios hasta mediados de 2015, obteniendo un informe pericial que, dadas las fechas, no pudo ser incorporado a la causa.

Marta Renedo

El magistrado-juez Francisco Javier Rodríguez Santocildes inició la lectura de la sentencia por los hechos probados, concretamente por los que afectaban a Marta Renedo. La Audiencia finalmente acoge íntegro el relato del fiscal, y considera que la funcionaria empezó su carrera delictiva a inicios del año 2000, desviándose fondos destinados a ayudar a los emigrantes asturianos. En un reparto de ayudas «fue quien introdujo entre las solicitudes el nombre de Pilar Fernández», una mujer argentina que nunca estuvo en Asturias, y a favor de quien logró que se aprobara «la máxima ayuda posible», 1.202 euros. «Del mismo modo se las ingenió» para que el director de la Agencia Asturiana de la Emigración firmara otra ayuda de unos 7.600 euros para un viaje de emigrantes que querían volver a la región, todo ello con un vuelo que, según los papeles, también fletaba Pilar Fernández. En realidad los fondos acabaron en unas cuentas en ING y Bankinter que la funcionaria abrió utilizando esa identidad.

Los hechos probados aseguran que luego, en la Consejería de Cultura, empezó a aprovechar exposiciones y obras para cargar trabajos a Oxiplans, una empresa inexistente. Para ello fabricaba resoluciones que en realidad «eran fotocomposiciones, recortando de una fotocopia otra resolución, en la que figuraba el número de registro, y fotocopiando la firma de la consejera». La misma falsificación la realizó para abonar a la empresa de Maximino Fernández diversas obras de cableado no realizadas, y que venían a financiar las nóminas de una serie de trabajadores que la compañía puso al servicio de Cultura. En la parte que el magistrado está leyendo descarga en la funcionaria toda la responsabilidad de estos hechos, por más que entre los empleados así ‘enchufados’ estuviese un familiar de su entonces jefe, Carlos Madera. También la responsabiliza de los alrededor de 200.000 euros pagados a Igrafo por amueblar el inexistente centro de Belén de la Montaña, un dinero que según la versión de la funcionaria y el dueño de la empresa, en realidad compensaba la reforma de la biblioteca del Fontán.

Renedo «decidía qué y a quién se contrataba y favorecía a las empresas de Víctor Muñiz», pagando material homologado sin que existieran esos servicios, como existió en San Julián de Bimenes y Belén de la Montaña. Eso hacía que se generasen fondos en las empresas de Víctor, por bienes no suministrados. De igual modo, lo hizo con las empresas de APSA, pagando por bienes que no eran suministrados. «Se generaban unos saldos en las empresas de Alfonso Carlos Sánchez». A cambio Muñiz hizo obras en una finca de Renedo, a la que equipó con una piscina, además de pagarle dinero en las cuentas que controlaba ella. «Para ocultarlos» se hacían pasar como abonos a Oxiplans, empresa «inexistente». Suman 380.000 euros.

En Cultura y posteriormente en Administraciones Púbicas la funcionaria abrió otras dos cuentas en Bankinter a nombre de Severina B. y Azucena V., mujeres a los que la sentencia reconoce que causó importantes padecimientos, al tener que dar cuenta a la Agencia Tributaria por un dinero que no vieron. En total la Audiencia considera que la funcionaria estuvo delinquiendo en el Principado cerca de una década, en tres consejerías diferentes.

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