La sentencia le imputa regalos que fueron para otras personas

R. MUÑIZ OVIEDO.

La sentencia reprocha a María Jesús Otero que recibiera 1,8 millones en «dádivas y regalos» de los empresarios, al tiempo que reconoce que no todas fueron para su particular disfrute. El cómputo incluye reformas, mudanzas y viajes que en realidad eran para sus familiares y amigos. El razonamiento que aplica para ello es que Igrafo y APSA los pagaban para congraciarse con la directora general, así que es a su espalda a la que se lo cargan.

Con José Luis Iglesias Riopedre el tratamiento es distinto. La sentencia cree probado que su hijo recibió unos 90.000 euros salidos en un inicio de las arcas de Educación, que se entregaron a Igrafo para unas obras, y que la empresa apartó para apoyar con ellos luego a la sociedad de sondeos del hijo del consejero. Ese dinero hay que reponerlo y la sentencia le impone esa misión al descendiente, a quien condena como beneficiario a título lucrativo, dejando así al margen de la devolución al exconsejero.

En todo el proceso ni Iglesias Riopedre ni Otero tiraron piedras contra otros beneficiarios y socios, logrando que los jueces solo les llamaran como testigos.

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