Casi setecientas asturianas menores de edad abortaron en la última década

Por partes. En una reciente respuesta parlamentaria a Podemos, el consejero de Sanidad reconoce que el pasado año el 96,7% de las interrupciones voluntarias se hicieron en clínicas privadas. Los médicos del sistema público atendieron 68 casos y aunque supone su mayor actividad de la última década contrasta la cifra con los 2.015 practicados en la privada a lo largo de 2016.

¿Qué está ocurriendo? Que los hospitales públicos tropiezan con una elevada objeción de conciencia del personal, especialmente de los facultativos. Un informe de 2011 de las Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ICAI) ya situaba a Asturias como la comunidad que más intervenciones tiene que financiar con fondos públicos. El motivo es que ante esa negativa de los médicos, la Administración ha optado por contratar alternativas en el sistema privado, de forma que las mujeres que cumplan los requisitos puedan ser intervenidas sin pagar nada, dado que la factura se pasa al Principado.

Por asumir el grueso de las intervenciones, Sanidad abona a las empresas alrededor de un millón de euros al año. El último concurso para concertar el servicio se convocó en 2016. La administración dividía las intervenciones en cuatro lotes, en función de si la interrupción era farmacológica, con anestesia local, general o compleja. El lote más sencillo tenía un precio de salida de 364 euros por caso y ascendía a 676 el mayor. Los pliegos advertían de que a la hora de seleccionar adjudicatario, el 60% de la valoración dependería de cuánto hubieran rebajado ese presupuesto inicial. A pesar del estímulo, las tres clínicas que se postularon lo hicieron presentando idénticos precios y eligiendo para ello el máximo posible que permitía el concurso.

La puja establecía que cada lote se repartiría entre los tres aspirantes con mejor puntuación. Como coincidió que tres fueron los aspirantes, al final todos recibieron carga de trabajo sin tener que ajustar sus tarifas. Entre 2007 y 2009 las concertadas gestionaron alrededor de 1.550 casos al año y las obligaciones reconocidas por ese servicio fueron de un máximo de 38.428 euros anuales. En los últimos años, por asumir más de 2.000 intervenciones están facturando casi un millón de euros.

El análisis realizado acredita la fiabilidad de los centros privados. En los abortos que requirieron anestesia, el porcentaje de complicaciones no pasó del 0,5%. En los hospitales públicos esa proporción fue del 16%, lo que tiene una explicación: dado el rechazo de los médicos, el sistema público asume los casos graves, los urgentes y aquellos en los que la objeción de conciencia puede poner en riesgo al paciente.

¿Qué dicen los datos de las mujeres que pasan por esta intervención? Que el pasado año se practicaron 5,7 interrupciones al día, un 4% menos que el curso anterior y el menor número de abortos desde el año 2010. La evolución no empaña que sea una opción cada vez más considerada. Hace una década, había una interrupción por cada cinco nacimientos. Hoy hay tres partos por cada intervención.

Tras la reforma de 2010 creció un 30% la cantidad de intervenciones, algo que los facultativos atribuyen no tanto a un mayor volumen real de casos como a que ahora las mujeres encuentran la seguridad para acudir al servicio asturiano en lugar de buscar otras alternativas. Sea como fuere, lo cierto es que tras ese momento inicial, la frecuencia está decayendo de manera continua, tanto en Asturias como en el resto del país.

En el Principado, 690 mujeres de 16 y 17 años abortaron en la última década. Representan un 3,2% del total de casos. Mayor es la incidencia en el caso de las mujeres nacidas en otro país. Una de cada cuatro interrupciones de la gestación se da con mujeres que no tienen la nacionalidad española, algo notable dado que en el padrón apenas suponen el 3,8% de las féminas asturianas.