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Un grupo de afectados por las expropiaciones de Bobes, ayer a la entrada del Ayuntamiento.
Siero estudiará en una comisión la plusvalía a los expropiados de Bobes

Siero estudiará en una comisión la plusvalía a los expropiados de Bobes

Un portavoz de las 400 familias afectadas denuncia que, tras cobrar unos precios «irrisorios», les llega ahora un impuesto «desorbitado»

JOSÉ CEZÓN

Viernes, 27 de junio 2014, 00:53

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El Pleno de Siero acordó ayer la convocatoria de una comisión extraordinaria de Urbanismo para abordar, de forma monográfica y con los técnicos municipales, el problema generado con el colectivo de afectados por las expropiaciones del polígono industrial de Bobes, a raíz de la liquidación del impuesto de plusvalía por esas fincas, que califican como «desorbitado».

Luis Iglesias fue el encargado de exponer ayer en el pleno el problema existente, que afecta a unas 400 familias de las parroquias de Bobes, San Miguel de la Barreda y Granda. Comenzó recordando la expropiación «abusiva» que sufrieron en su momento para construir un polígono industrial que ahora Sogepsa ha dejado sin terminar. «A unos precios irrisorios, nos arrebataron nuestras fincas, herencia del trabajo de nuestros padres y abuelos, para entregar a empresarios, a un precio político ventajoso, parcelas en una zona envidiable del centro de Asturias», afirmó.

Y ahora les ha llegado la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido también como la plusvalía, «por unas cantidades que asustan por su cuantía y que originan un grave quebranto económico a más de mil vecinos del concejo. A unos precios ridículos sucede ahora un impuesto desorbitado», denunció.

Iglesias mostró su sorpresa por el proceder del Ayuntamiento de Siero «cuando tenemos información de que otros municipios, en casos semejantes, no giraron dicho impuesto». Y mencionó los casos de Roces y La Lloreda, en Gijón; La Magdalena, en Avilés, y Prado de La Vega, en Oviedo. «¿Tiene Siero distinta sensisibilidad social o es que le puede la voracidad recaudatoria?», se preguntó.

El representante vecinal aclaró que no pretenden ningún trato de favor «sino, simplemente, que se proceda conforme a derecho». Y remitió al artículo quinto de las ordenanzas municipales de Siero, donde se indica que «para aplicar el impuesto de plusvalía, se tomará el valor más bajo de estos dos: el que tenga fijado en el momento del devengo a efectos del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) o el de justiprecio».

Prescripción

Iglesias añadió que ese impuesto ya prescribió para ellos, «pues a lo largo de 2013 se cumplieron cuatro años desde que se produjo la transmisión». Y mencionó un escrito firmado por el anterior concejal de Hacienda, Luis Vázquez, donde se paralizaba el período de prescripción «con el único argumento de esperar a que nuestros terrenos fueran dados de alta en el Catastro de Urbana y se dispusiera del valor del suelo aplicable», dijo.

Y ahora les ha llegado a los expropiados una liquidación provisional -firmada por la actual concejala del área, Paula Onís- «en la que se dice que el valor, a efectos del IBI, es el de justiprecio». Según Iglesias, «por un lado, se falsea el dato; por otro, no se nos indica en ningún momento cuál es el valor catastral de nuestras fincas», lo que se priva de su derecho a conocer cuál de los dos valores aludidos en las ordenanzas es el más bajo. Por tanto, solicitó la suspensión del impuesto, o bien su paralización hasta que se les comunique el valor catastral de las fincas». Y advirtió de que si el Ayuntamiento «no interviene para detener este atropello, nos obligarán a acudir a la vía judicial, lo que supondrían nuevos gastos que agravarán aún más el perjuicio económico que nos están causando», concluyó.

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