El Comercio

Enjuician a los dueños de un club de alterne en Siero por tener a 27 mujeres sin seguro

  • La Fiscalía solicita pena de cárcel para los tres propietarios y el administrador del bar situado en Viella, además de multas

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una condena de dos años de prisión para cada uno de los cuatro acusados de tener a veintisiete personas trabajando en un club de alterne de Siero sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. El Ministerio Fiscal pide, asimismo, la clausura del establecimiento durante un período de dos años. La vista oral está señalada para hoy, a las 10 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo.

Según sostiene la Fiscalía, tres de los acusados eran socios, propietarios y gestores de la empresa titular del club de alterne situado en la parroquia de Viella. Y llevaban toda la gestión de la empresa y del establecimiento de común acuerdo, si bien en el registro mercantil figura como administrador único el cuarto acusado, quien actuaba también de común acuerdo con los demás.

En la noche del 27 de junio de 2014, se produjo una inspección del establecimiento, realizada de forma conjunta por el Grupo Operativo de Extranjeros del Cuerpo Nacional de Policía y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y fue cuando se comprobó que se encontraban trabajando como camareras de alterne veintisiete mujeres que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, al igual que la persona encargada de la limpieza.

Además, dos de ellas carecían de permiso de estancia, residencia y trabajo en España. La Inspección de Trabajo procedió a dar de alta ese mismo día a todas las personas que trabajaban en situación irregular, aunque, en la mayoría de los casos, la empresa las dio de baja al día siguiente. Según explica la Fiscalía, no se ha acreditado el importe de las cantidades dejadas de ingresar en la Tesorería de la Seguridad Social.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en un artículo del Código Penal, por lo que solicita que se condene a cada uno de los acusados a dos años de prisión, además de una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Multa del ocho meses

También reclama una multa de ocho meses, con una cuota de diez euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Por último, el Ministerio Fiscal solicita que se imponga la suspensión de actividades del local y de la sociedad titular del mismo, y la clausura del establecimiento durante dos años, junto con el pago de las costas procesales y, de forma conjunta y solidaria, de una indemnización a la Seguridad Social por las cantidades dejadas de ingresar.