El Comercio

Solo el 10% de los menores que trata la Fiscalía acaban siendo internados

El fiscal de Menores del Principado (centro), junto a las concejalas de Educación y Servicios Sociales, y el director del IES de Llanera.
El fiscal de Menores del Principado (centro), junto a las concejalas de Educación y Servicios Sociales, y el director del IES de Llanera. / S.S.M.
  • «De quinientos casos anuales, solo cincuenta terminan en algún centro», cifra el fiscal de Menores en una charla en Llanera

El fiscal de Menores del Principado de Asturias, Jorge Fernández Caldevilla, explicó ayer en el IES de Llanera el trabajo que realiza este organismo en el ámbito de protección del menor y destacó que antes de tomar medidas de internamiento «siempre se intentan otro tipo de procedimientos, como los trabajos en beneficio de la comunidad, la libertad vigilada, la tutela...». Y aportó cifras: «De unas quinientas sentencias que se dictan al año, en solo cincuenta o sesenta se opta por el internamiento». Porque las Fiscalías de Menores «no nacieron solo para tratar los delitos cometidos por los más jóvenes, sino también para protegerlos y velar por sus derechos», interviniendo en todos aquellos casos «donde se alegue la vulneración de un derecho fundamental», ya que todas las comunidades autónomas tienen que actuar si hay un menor en situación de riesgo.

Aunque Asturias fue pionera en el año 1995 al crear una ley reguladora de todo lo que afecta a los menores, «no se ha actualizado», lamentó el fiscal, «y desde entonces existen otras necesidades y otros casos como pueden ser los de los menores extranjeros en situación de desamparo o cómo contribuir a combatir el absentismo escolar», ejemplificó.

Sin embargo, en el año 2015, con la reforma de la Ley Orgánica de Protección del Menor en el ámbito estatal, «sí se produjeron muchos cambios», entre ellos, «respetar el interés superior del menor, que debe ser escuchado, examinado por especialistas que evalúen sus problemas y su conducta y buscar soluciones a esa situación» que padece. Además, si se aprecia «una situación de riesgo, como que esté en peligro su salud, la Administración puede hacer un plan de intervención familiar con sus padres para paliar este problema». Si los progenitores no aceptan, la Administración puede hacerlo por su cuenta y si aún así no hay resultados positivos, se aplica una sanción administrativa y se declara al menor en situación de desamparo, lo que conlleva la pérdida de la patria potestad por parte de los progenitores.

Pero antes de llegar a esta determinación, «hay que poner en marcha planes de actuación rigurosos que fijen plazos y objetivos» para las familias e intentar llegar a acuerdos «en los que se da preferencia a lo pactado en vez de a lo impuesto», manifestó Jorge Fernández Caldevilla.

Así, se realiza un seguimiento del menor y su entorno con el objetivo de comprobar si ha mejorado la situación y, solo en caso de que nada funcione, se declara esa citada situación de desamparo, «momento en el que el pasa a vivir con una familia de acogida o en un centro en el que siempre se intenta que esté el menor tiempo posible, siendo siempre preferible que esté con una familia».

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