El Comercio

La Junta pedirá al Matadero que incorpore a los antiguos trabajadores

El empresario Luis Alberto Sánchez, del Grupo Panero, a la derecha, muestra las instalaciones a la alcaldesa de Noreña y al concejal de Hacienda durante una visita el pasado mes de agosto.
El empresario Luis Alberto Sánchez, del Grupo Panero, a la derecha, muestra las instalaciones a la alcaldesa de Noreña y al concejal de Hacienda durante una visita el pasado mes de agosto. / S. SAN MARTÍN
  • Los grupos parlamentarios elaborarán una declaración institucional para posicionarse a favor de la reactivación de las instalaciones de Noreña

Los seis grupos políticos con representación parlamentaria -PSOE, PP, Podemos, IU, Foro y Ciudadanos- acordaron ayer elaborar una declaración institucional para que el Pleno de la Junta General del Principado se posicione a favor de la reactivación del Matadero Central de Asturias y de que la nueva propiedad, el grupo Panero Logística, cuente con los antiguos trabajadores tras su reapertura.

Enrique López, diputado de Podemos, será el encargado de redactar el documento. Explicó que incluirá también un apartado específico para instar a la agilización de los trámites y licencias, y otro para que se facilite el acceso a las ayudas públicas a las que pueda optar la empresa. Entre estas enumeró la eficiencia energética, el fomento del empleo o la formación y reciclaje de los trabajadores. «No queremos que renovar permisos y licencias sea un obstáculo para que se ponga a funcionar lo antes posible», añadió.

Por otro lado, López señaló que «es necesario un matadero de esas características en Asturias» y recordó que «los trabajadores están abocados al paro desde hace dos años y medio a consecuencia de un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que está demostrado que fue fraudulento y que se construyó en base a cuentas falsas».

En este sentido, el portavoz de los antiguos empleados, Alberto González, trasladó ayer a los grupos parlamentarios su postura hacia la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo que condena a los antiguos administradores a siete años de inhabilitación al quedar demostrada la existencia de una 'caja b'. «Es insuficiente porque les exime del pago por daños y perjuicios», indicó. Como aún no han recibido el fallo, esperarán a tenerlo en su poder para estudiarlo con los servicios jurídicos y valorar si presentan un recurso.

En cuanto a la declaración institucional, González aseguró sentirse «satisfecho» por el acuerdo y añadió que «fuimos las principales víctimas del cierre del matadero y ahora tenemos una oportunidad». Asimismo, consideró «muy importante» evitar cualquier tipo de trabas administrativas a la nueva propiedad. «Si volvemos a trabajar será una forma de resarcir el perjuicio que sufrimos», destacó.