Cronología de un desencuentro

El edificio de El Águila Negra, de Colloto, con el panel informativo de la rehabilitación. / HUGO ÁLVAREZ
El edificio de El Águila Negra, de Colloto, con el panel informativo de la rehabilitación. / HUGO ÁLVAREZ

Siero lleva desde 2002 exigiendo la conservación del edificio de El Águila Negra | La propiedad del inmueble catalogado recurrió a los tribunales varias veces, solicitó dos prórrogas y hasta la declaración de ruina

JOSÉ CEZÓN SIERO.

El interés del Ayuntamiento de Siero por preservar el edificio de la antigua fábrica cervecera de El Águila Negra, de Colloto, ha desencadenado uno de los conflictos urbanísticos más complejos y enquistados de la historia reciente del concejo. El edificio -que mantuvo su actividad fabril entre 1900 y 1992- es uno de los vestigios de la arquitectura industrial asturiana, con su combinación de ladrillo y mampostería, y perteneciente al período de transición entre el clasicismo y el movimiento moderno.

Coincidiendo con el cierre de la fábrica y la conflictidad laboral que se desató en 1992, el arquitecto municipal de Siero, José Benito Díaz, planteó al gobierno socialista de entonces incluir el edificio en el catálogo urbanístico del concejo. Hubo un acuerdo plenario en febrero de 1993 y, tres meses después, fue aprobado por la CUOTA con el nivel de protección integral.

En noviembre de 2000, la sociedad Properbank presentó una propuesta de modificación puntual del planeamiento de Siero -redactada por el arquitecto Alejandro Alcázar- para que aquel suelo urbano no consolidado pasara de industrial con volumen agotado -lo que solo permitía ampliaciones de lo preexistente- a industrial, que sí propiciaba nuevas construcciones. La CUOTA lo aprobó en marzo de 2001, con la condición de que se respetara un informe de la Comisión de Patrimonio Histórico exigiendo salvaguardar el edificio principal de la fábrica, la chimenea y otros elementos.

La empresa llegó a anunciar 220 viviendas de lujo en el edificio histórico sin permino

Aquella modificación del PGOU de Siero fue la antesala del convenio urbanístico, que el Ayuntamiento de Siero suscribió en 2002 con Gestión Nora S. A. para desarrollar un polígono industrial en la zona. Por un lado, la empresa podría obtener una rentabilidad y, a su vez, Siero recuperaba un espacio degradado, se podría generar empleo y rehabilitar el edificio histórico.

Aquel convenio establecía un plazo de tres meses para presentar un estudio de detalle de la parcela 4 -donde se encuentra el inmueble- y el proyecto de urbanización de todo el área. Y cuando se aprobaran ambos documentos, se iniciaría otro plazo de tres meses para presentar un proyecto de rehabilitación de los edificios protegidos.

En octubre de 2002, Gestión Nora presentó una propuesta de intervención en el edificio histórico, que recibió un informe desfavorable, tanto de los técnicos municipales como de Patrimonio Cultural, porque no se ajustaba al convenio suscrito e incluía una nueva edificación adosada a los elementos protegidos, de la que nunca se había hablado.

El gobierno, «engañado»

En noviembre de 2003 se produjo un incidente entre la empresa y el gobierno tripartito de Siero, que puso de manifiesto que las intenciones de la promotora diferían de las reflejadas en el convenio. Ocurrió en Colloto durante una presentación oficial del parque empresarial, donde un panel anunciaba -para una supuesta tercera fase- la construcción de 220 viviendas de lujo en el edificio histórico, sin que el Ayuntamiento tuviera ningún conocimiento. La entonces concejala de Urbanismo y actual diputada regional de IU, Marta Pulgar, declaró sentirse «engañada», exigió una rectificación pública de la empresa y advirtió de que el uso residencial del inmueble catalogado no estaba permitido por el planeamiento.

La empresa aclaró en un escrito que el nuevo edificio adosado había sido por un error en los planos, por lo que la junta de gobierno de Siero aprobó su propuesta en diciembre de 2004, a la espera de que presentaran los documentos comprometidos en el convenio y respetaran las condiciones impuestas. A partir de ahí, comenzó «la guerra», como la calificaron varios funcionarios de Siero. Gestión Nora recurrió ese acuerdo en febrero de 2005 aduciendo que no se contemplaba en su integridad el derecho de aprovechamiento urbanístico, del que afirmaba ser acreedora. A cambio, pedían compensaciones o que se les mejoraran los condicionantes urbanísticos (tipología, calificación o edificabilidad). El recurso se desestimó abril de 2006 .

Como la empresa no dio más señales de vida, la junta de gobierno de Siero acordó en octubre de 2007 un requerimiento para que presentara un proyecto técnico de ejecución de las obras necesarias para garantizar la conservación del edificio histórico y dar cumplimiento de los acuerdos anteriores. La empresa lo recurrió en los tribunales, que fallaron a favor del Ayuntamiento en 2009 en primera instancia y en la apelación ante el TSJA.

Por el medio, en mayo de 2008, Siero le dio un mes de plazo a la propiedad para presentar un informe sobre el estado de conservación del edificio y justificando que cumplía las condiciones de seguridad, salubridad y ornato. Las alegaciones de la empresa fueron desestimadas y el Ayuntamiento acordó encargar ese informe al Colegio de Arquitectos de Asturias y liquidar el coste a Gestión Nora. La empresa acudió de nuevo a los tribunales, que dictaron sentencia a favor de la administración local en julio de 2009.

Viviendas protegidas

Cabe mencionar también que, en junio de 2008, se presentó otra propuesta de convenio urbanístico para construir 200 viviendas de protección oficial y un equipamiento municipal en la finca y los antiguos edificios. Según un informe técnico, el aprovechamiento era muy superior al permitido en el PGOU y se cedían los edificios catalogados para que el Ayuntamiento los rehabilitara. La propuesta fue rechazada.

La siguiente iniciativa de la propiedad fue solicitar sendas prórrogas de dos meses para presentar ese informe sobre el estado del conjunto, que le fueron concedidas. Cuando ambas expiraron sin que entregaran el documento, la empresa optó por reclamar en octubre de 2009 la ruina «técnica y económica» del edificio y exigir que el Ayuntamiento pagara el 50% de la conservación.

Patrimonio rechazó en marzo de 2010 el derribo del edificio y pidió al Consistorio que requiriera a la propiedad medidas para conservarlo. En mayo, la Alcaldía declaró solo la ruina económica y concedió otro plazo de dos meses para presentar el proyecto de obras de conservación. Nuevo recurso judicial, que en diciembre de 2011 solo dio la razón a la empresa sobre el alcance del deber de conservación, pero que rechazaba la ruina física irrecuperable. La apelación municipal fue desestimada por el TSJA.

En julio de 2012, se inició un expediente para declarar el incumplimiento del deber de conservación por parte de Gestión Nora, que la Alcaldía decretó en abril de 2013. La propiedad volvió a recurrir en el juzgado y se estimó por haberse producido la caducidad del expediente que, a diferencia de una prescripción, sí permitía iniciar otro nuevo. Así se hizo de oficio en enero de 2015. Un nuevo recurso judicial de la empresa fue desestimado y la sentencia puso de relieve las obligaciones contraídas en el convenio de 2002, de las que pretendía desembarazarse atribuyendo un deterioro previo a la compra. Y recalcó que el inmueble no se encontraba en ruina cuando fue adquirido. El TSJA desestimó el año pasado los dos recursos de apelación y casación.

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