Detienen a una joven de 24 años por ocupar una vivienda de El Berrón

J. S. d. l. C., la joven de 24 años detenida por allanamiento de morada, momentos antes de ser trasladada a comisaría. / PABLO NOSTI
J. S. d. l. C., la joven de 24 años detenida por allanamiento de morada, momentos antes de ser trasladada a comisaría. / PABLO NOSTI

J. S. d. l. C. se encontraba en el interior del piso de la calle Picu Pienzu cuando la comisión judicial acudió con la orden de desalojo y no opuso resistencia

LYDIA IS EL BERRÓN.

La ocupación ilegal de viviendas en El Berrón dio ayer un nuevo giro con la primera intervención judicial y la detención de una joven por un delito de allanamiento de morada. En torno a la una de la tarde, una comisión del Juzgado de Siero, en compañía de varios agentes de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, acudió al número 1 de la calle Picu Pienzu con una orden de lanzamiento para proceder al desalojo de la vivienda ocupada, en la quinta planta, desde el pasado 3 de marzo.

En su interior se encontraba J. S. d. l. C, una mujer de 24 años que no opuso resistencia y mostró colaboración desde el primer momento. Fue ella quien abrió la puerta y tras sacar al rellano varias pertenencias, abandonó el piso detenida. De inmediato fue trasladada a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la Pola y tras prestar declaración quedó en libertad a la espera de comparecer en el juzgado.

Según pudo saber este periódico, desde que José Antonio L. A., el inquilino afectado por la ocupación, presentó la denuncia hace veinte días, la Policía acudió a la zona en varias ocasiones e intentó ponerse en contacto con los okupas, pero sin resultado. La legislación solo permite intervenir con una orden judicial, por lo que hubo que esperar a ayer, cuando fue firmada, para obligar al desalojo. Asimismo, hasta el inmueble se desplazó un cerrajero que procedió a cambiar la cerradura. Durante la hora escasa en la que se llevó a cabo el desahucio, varios vecinos del bloque, algunos de ellos también okupas de otras viviendas, siguieron los acontecimientos atentamente desde la calle.

«No me voy a jugar la vida»

Por su parte, el afectado se mostró ayer desconfiado de que la orden de desalojo garantice que el apartamento en el que reside desde hace tres años en régimen de alquiler y que forma parte de una promoción pública de Vipasa se quede vacío de forma definitiva. «Yo allí no puedo volver, es meterme en la boca del lobo y no me voy a jugar la vida; si entraron una vez, pueden volver a hacerlo, dejaron las cosas en el pasillo así que muy lejos no irán», señaló.

El hombre, de 48 años, es transportista de profesión y estos días se encuentra trabajando en el extranjero, al igual que en el momento en el que se produjo el allanamiento. A su vuelta, tendrá que comprobar qué pertenencias le faltan y en su caso, cursar una denuncia por robo, aunque ya adelantó que tras hablar con su abogada sabe que han desaparecido enseres personales, documentación y electrodomésticos.

La pesadilla de José Antonio comenzó el 3 de marzo cuando recibió la llamada de una vecina alertándole de que le habían reventado la cerradura de la puerta de casa y que le habían sacado parte del mobiliario. Ese mismo día, lo llamó otra mujer que se identificó como amiga de la persona que le había allanando la vivienda y le dijo que si pagaba 400 euros volvían a meter sus cosas en el piso y se iban. «Ahora solo quiero que Vipasa me dé una vivienda en otro sitio, no quiero un realojo temporal, tengo claro que allí no vuelvo», insistió.

Denuncia por ITV caducada

Por otro lado, el segundo control de seguridad ciudadana y tráfico llevado a cabo el jueves por la mañana en las calles Picu Urriellu y San Martín se saldó con una denuncia administrativa al propietario de un vehículo con la inspección técnica caducada. En total, participaron cinco agentes de la Policía Local y dos de la Policía Nacional.

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