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MARCOS GUTIÉRREZ
SIERO.
Martes, 19 de septiembre 2017, 03:15
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La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la suspensión de actividades y clausura durante dos años de un club de alterne de Siero, Model's, además de dos años y medio de prisión y el pago de una multa para su propietario y su encargado por tener trabajando en el local a 38 mujeres sin estar dadas de alta en la Seguridad Social; cuatro de ellas, además, se encontraban en situación irregular en España, de acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.
La vista oral tendrá lugar a las diez de esta mañana, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo. El Ministerio Público sostiene que, en el momento de redactar su acusación, el primero de los investigados era el propietario, administrador y representante legal de la sociedad unipersonal Asturrobledo S.L., sociedad titular y responsable del establecimiento mercantil Club Model's, club de alterne y prostitución situado en el Polígono Industrial de Granda. El segundo de los acusados era entonces el encargado del club, que llevaba la gestión diaria y el funcionamiento del negocio.
De acuerdo con el escrito de acusación, el 5 de noviembre de 2015, en una visita realizada por miembros de la Inspección de Trabajo y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, se constató que en el establecimiento se encontraban trabajando como camareras de alterne, captadoras de clientes para las distintas actividades de la empresa, 38 personas que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, cuatro de las cuales carecían de permiso de estancia y residencia en España y se encontraban en situación ilegal.
Esta nueva vista oral se produce después de que la Audiencia Provincial de Oviedo absolviera el pasado mes de mayo al administrador de la sociedad responsable del club y al jefe de sala de otro delito contra el derecho de los trabajadores del que estaban acusados, y por el que la Fiscalía les pedía un año y medio de cárcel a cada uno.
En aquella ocasión, los responsables del establecimiento estaban acusados de tener a 32 personas trabajando sin darlas de alta en la Seguridad Social, tras una visita realizada por la Inspección de Trabajo en el 22 de enero de 2015.
No obstante, el tribunal no consideró probado que dichas personas estuvieran trabajando en el local, «en particular con el fin de captar clientes para efectuar consumiciones».
La sentencia concluyó que «inferir que la relación de personas que no figuraban de alta estaban prestando servicios laborales sobre la base de indicios como la impresión de la clase de prendas que vestían o los expresados testimonios de referencia es inviable». Hoy habrá nuevo juicio.
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