El fiscal pide de nuevo el cierre del Model's y cárcel para el dueño y el encargado

El propietario y el trabajador se enfrentan hoy a otro juicio por tener camareras de alterne sin estar dadas de alta en la Seguridad Social

MARCOS GUTIÉRREZ SIERO.

Hoy se abre un nuevo capítulo en el intrincado proceso judicial del Model's. La Fiscalía reclama de nuevo el cierre del club de alterne durante dos años, y pide pena de prisión y multa para el propietario y supuesto encargado del establecimiento por tener trabajando a camareras de alterne sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.

En la vista, que tendrá lugar en la sala segunda de la Audiencia Provincial, en Oviedo, se juzgan hechos ocurridos en 2013, cuando el local fue objeto de dos inspecciones. La primera se desarrolló por miembros de la Inspección de Trabajo del Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional el 6 de junio de ese año. De acuerdo con el Ministerio Fiscal, en el establecimiento se encontraban trabajando como camareras de alterne 25 mujeres que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, y algunas de ellas, además, carecían de permiso de estancia y residencia en España. En esa fecha, la empresa solamente tenía dadas de alta en la Seguridad Social como trabajadores en este establecimiento a nueve personas y en total, como trabajadores de la empresa, sin que conste cuál era su función, a 19 personas. En el momento de la inspección, el número total de trabajadores de esta empresa era de cuarenta y cinco. La segunda de estas intervenciones tuvo lugar el 4 de diciembre de 2013. Miembros de la Inspección de Trabajo de la Policía Judicial de la Guardia Civil constataron que se encontraban trabajando como camareras de alterne treinta y siete mujeres que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, muchas sin autorización de trabajo y residencia. En el momento de la inspección la empresa tenía dadas de alta en la Seguridad Social como trabajadores a 24 personas, siendo el número total de empleados en ese momento de sesenta y uno.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y solicita que se condene a cada uno de los acusados a 3 años y 6 meses de prisión. Además, solicita que se condene a la sociedad Asturrobledo S. L. a la clausura del conocido local durante dos años.

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