El TSJA anula la ordenanza de uso del asturiano de Noreña

El TSJA anula la ordenanza de uso del asturiano de Noreña
Noreña

La sentencia da la razón al PP, que pidió su nulidad al entender que la norma suponía una declaración de oficialidad

EUROPA PRESSOviedo

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido anular «por no ser conforme a derecho» la Ordenanza de Uso del Asturiano de Noreña que había sido aprobada por el Ayuntamiento en octubre del 2016. La sentencia da la razón al PP, que pidió su nulidad al entender que la ordenanza suponía una declaración de oficialidad.

En la sentencia, enviada a los medios por el mismo PP y contra la que cabe interponer recurso de casación, el recurrente -el concejal 'popular' en Noreña Luis Miguel Suárez González- alegó que es un hecho incuestionable que el «bable» no es una lengua cooficial en el Principado de Asturias, así como la incompetencia del Ayuntamiento demandado para aprobar dicha Ordenanza. Para el PP, la ordenanza vulneraba la Constitución y el Estatuto de Asturias y omitía la valoración económica, «cuando se contemplan medidas que suponen un gasto con clara incidencia económica».

El Tribunal Superior ha señalado que es «hecho incuestionable» que el asturiano no es lengua coooficial, además de la incompetencia del Ayuntamiento de Noreña para aprobar dicha Ordenanza, ya que, a su juicio, el artículo uno de la misma vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía al establecer que el asturiano es, junto al castellano, la lengua propia del Concejo de Noreña, «de la Administración Local y de las administraciones públicas que de ella dependen».

Para el TSJA ese «junto a» supone que el Ayuntamiento está declarando la oficialidad del asturiano, «cuando esto es algo que debe contemplarse en el Estatuto de Autonomía». Además, han señalado que la Ordenanza omite toda valoración económica «y se contemplan medidas que suponen un gasto con clara incidencia económica y a pesar de ello no existe informe económico alguno ni memoria económica», algo por lo que ha solicitado su anulación.

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