«Se dio respuesta a la denuncia vecinal contra los Ángeles del Infierno»

La alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, ayer en el Juzgado. / S. S. M.
La alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, ayer en el Juzgado. / S. S. M.

La defensa de la alcaldesa de Noreña insiste en que cumplió con sus obligaciones ante las quejas por los alborotos en una vivienda

J. C. D. POLA DE SIERO.

Las diligencias de investigación abiertas contra la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña -a quien un vecino denunció por la supuesta pasividad municipal ante los alborotos causados por miembros de los Ángeles del Infierno en una vivienda de la zona rural del concejo- llegaron ayer a su última sesión con la declaración en el Juzgado número 4 de Siero del arquitecto municipal de Noreña y otro vecino de la zona, a petición del denunciante. Casualmente, esa comparecencia coincidió con la declaración de la propia alcaldesa en las otras diligencias abiertas por el fraccionamiento de unos contratos.

Las versiones que ofrecieron el denunciante, Pedro García, y el abogado de la alcaldesa, Fernando de Barutell, resultaron dispares, tanto al hablar de la actuación municipal como de las declaraciones de los testigos. Pedro García aseguró que lleva casi cuatro años sufriendo molestias de los miembros de la asociación Ángeles del Infierno en una vivienda situada a cuatro metros de la suya, donde se organizan fiestas durante los fines de semana.

Según el denunciante, alertó varias veces de la situación en el Ayuntamiento y en el cuartel de la Guardia Civil «y nunca hicieron nada». Hasta que el 15 de diciembre de 2016 acudió al Ayuntamiento para interesarse por la licencia «y descubrimos que no la tenían». Según su testimonio, al día siguiente fue cuando el gobierno local solicitó la licencia a los arrendatarios. Y aseguró que, aunque se dictó el pasado 9 de junio una orden de cierre del local, «sigue habiendo actividad los fines de semana». García aludió también a que varios miembros de esa asociación fueron detenidos por pertenencia a banda armada y posesión de drogas y armas. Su abogado, Carlos Cima, comentó que, si el juez decide abrir un procedimiento abreviado, presentará un escrito de acusación «por un delito de prevaricación administrativa por omisión, que podría conllevar la inhabilitación de la alcaldesa».

Por su parte, el abogado defensor de la regidora, Fernando de Barutell, aseguró que «se cumplieron las obligaciones para dar respuesta a la denuncia vecinal», que culminaron con la orden de cierre del local. Y añadió que el Ayuntamiento comenzó a investigar los hechos «desde antes de la denuncia del vecino y hay documentación que lo acredita». De Barutell subrayó que el local en cuestión era «privado y con un contrato de arrendamiento» y que la asociación «está legalmente constituida sin ninguna traba del Ministerio del Interior o el Principado».

Respecto a la declaración de los testigos, cada letrado destacó lo que más puede favorecer a los intereses de sus defendidos. De Barutell aludió a la afirmación del arquitecto municipal de que «no había recibido ninguna orden de la alcaldesa ni verbal, ni por escrito para paralizar el expediente». Y dijo que el vecino había afirmado que «hubo cuatro fiestas en cuatro años». Por el contrario, Cima puso en boca del mismo vecino que la asociación llevaba cuatro años causando molestias «y que nunca se hizo nada». Y del testimonio del arquitecto se quedó con que el jefe de la Policía Local de Noreña le había dicho que había hablado con la Guardia Civil, «que le respondió que no podían actuar porque había una investigación abierta» contra esa asociación.

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