«En este tema un juez te pone diez años por lo que para otro no es delito»

Javier Díaz Dapena, del Grupo VD. / JOSÉ SIMAL
Javier Díaz Dapena, del Grupo VD. / JOSÉ SIMAL

Javier Díaz Dapena, abogado de Alfonso Sánchez: «Es lamentable la pena de banquillo que sufre cualquier persona que es investigada por corrupción en un país con 30 millones de fiscales»

R. MUÑIZ GIJÓN.

Lleva desde el inicio defendiendo a Alfonso Sánchez, dueño de la desaparecida empresa APSA. La tesis mantenida por Javier Díez Dapena (Gijón, 1973) es que su cliente fue engañado por María Jesús Otero, alto cargo del mismo Principado que ahora fuerza su condena.

-¿Puede ser justa una sentencia tras más de siete años de pleito?

-Siempre será menos que si se acomoda a los tiempos que dicta la lógica. En este caso la sentencia es tan injusta como respetable.

-¿Qué alargó tanto el proceso?

-Los tres tipos de acusaciones: la pública, siempre respetable; la política, siempre despreciable; y la mediática. Estas dos últimas se limitaron a proponer diligencias que obedecían a motivos secundarios. Tampoco ayudó la actuación del instructor de Oviedo, que desconocía premisas tan básicas como que no puede decretar el secreto para la fiscalía.

-¿Qué perjuicios les ha causado que el caso se alargase siete años?

-Es lamentable la pena de banquillo que sufre cualquiera al que se investiga por corrupción en un país con 30 millones de fiscales. La exposición mediática fue desmedida.

-Es muy crítico con Podemos...

-Es que las declaraciones de su dupla política son de sainete. Su intervención, lejos de ser decisiva, fue instrumental y política. Su abogado es un gran profesional, pero la dirección política ha sido la más inactiva, y ahora que ven medallas volar, estiran el cuello. El impulso de la causa fue de la fiscal y el abogado de Avall, Esteban Aparicio. Ellos acusaron a cinco personas que han sido absueltas. Debían avergonzarse.

-¿Había aquí una trama?

-Probablemente no están todos los que son. Existen unos defectos de control absolutamente groseros y una nula voluntad de atajarlos por parte de la administración. El propio sistema obliga a quienes acaban siendo víctimas del mismo a actuar de un modo irregular, que no necesariamente delictivo.

-¿Le faltaron medios a la Justicia para llegar a otros implicados?

-No, más bien las acusaciones se han conformado con un conjunto de piezas que, como ha dicho alguien, ahora quieren exponer. El problema es que fallaron el tiro.

-A su cliente le caen seis años y seis meses, más que a 'Tomasín' por matar a su hermano.

-En un delito violento está claro si mataste o no. En estos temas de corrupción la barrera es mucho más difusa; un juez te puede poner diez años por cosas que para otro no es delito, es una simple irregularidad administrativa.

-¿No le parecería extraño que gente con condenas de entre seis y nueve años estén en la calle?

-Al margen de las ansias justicieras de algunos, la penalidad no obedece a criterios estrictamente aritméticos, sino que debe completarse con otras circunstancias, como la presencia de violencia o la posibilidad de reincidir. Ésta es imposible para quienes ya no gozan del estatus jurídico-empresarial de antes.

-¿Qué posibilidades hay de que esta sentencia quede anulada por el Tribunal Supremo?

-Cuando se condena a un inocente las posibilidades de ello crecen exponencialmente. Además buena parte de las actuaciones son radicalmente nulas.

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