Torre dice que fraccionó contratos «para evitar que 180.000 asturianos se quedaran sin TDT»

El exconsejero Graciano Torre, después de declarar, seguido por su abogado, Francisco Alonso, del bufete Proley.
El exconsejero Graciano Torre, después de declarar, seguido por su abogado, Francisco Alonso, del bufete Proley. / ÁLEX PIÑA

El exconsejero declaró como investigado por adjudicar 126 encargos a la misma empresa. «Se buscó una solución para mantener la señal», alega

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

Graciano Torre, exconsejero del Principado entre 2001 y 2011, primero, y de 2012 a 2015 después, declaró ayer como investigado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, que verifica si parte de las adjudicaciones de la Televisión Digital Terrestre (TDT) que firmó entrañan un delito de prevaricación. El caso se centra en los 156 contratos menores concedidos a la misma empresa, para que siguiera cuidando los equipos que repiten la señal televisiva en parte de la región. Los encargos, resueltos sin concurso previo, reportaron 2,3 millones a la sociedad, Retevisión I. La anomalía fue desvelada por EL COMERCIO, Foro Asturias la llevó a la Fiscalía, y ésta, tras estudiarla, encontró indicios de prevaricación y formuló la correspondiente denuncia.

A las puertas del juzgado, Torre, que firmó 126 de los encargos, defendió que «se buscó una solución para mantener la señal» de televisión. Los rubricó, en definitiva, «para evitar que 180.000 asturianos se quedaran sin señal de televisión, lo que supone el 18% de la población». Según dijo, así lo respaldan los informes que su exconsejería remitió al juzgado.

La cronología enviada recuerda el conflicto jurídico de fondo que dio lugar a esta sucesión de contratos menores. Inicialmente, la consejería encomendó a Gitpa que se encargara de la señal de la TDT en la zona rural. La empresa pública convocó un concurso abierto, aplicando para ello unas bases diseñadas por el Ministerio de Industria y facilitado a todas las comunidades autónomas. Retevisión I se impuso y por once millones mantuvo una red de 168 repetidores.

El Principado aportó informes y no se ha personado porque «aún no nos lo han ofrecido»

Todo empezó a torcerse cuando Astra Ibérica cursó una queja ante la Comisión Europea, alegando que los concursos realizados por todas las regiones vulneraban la competencia. Solo consideraban llevar la señal de TDT con aparatos terrestres, lo que dejaba fuera a sus 54 satélites, capaces de cubrir la misma necesidad. Bruselas le dio la razón, declaró ilegal los concursos y ordenó a las administraciones que recuperasen el dinero público invertido. Al Principado se le requería que recobrase 13,7 millones.

El contrato que mantenía Retevisión I con Gitpa expiró, justo cuando el parlamento había aprobado una iniciativa para disolver esta sociedad pública. Por ese motivo, la consejería asumió la misión de buscar una solución. Según explicó Torre hace unas semanas, él mismo ordenó a su equipo que analizasen las alternativas.

Respaldo legal

«La ley de contratos públicos permite mantener al contratista que ya tienes en el lugar», evocó ayer. La solución que se aprobó fue fraccionar los encargos a Retevisión I, a razón de seis al mes, de manera «provisional», y para proteger el derecho de esos 180.000 asturianos a seguir viendo la televisión. El problema es que ministerio, Bruselas y los operadores implicados no han conseguido todavía un pliego neutro tecnológicamente y que satisfaga a todos. Por eso, los contratos menores se fueron encadenando desde 2013 y hasta finales de 2015, cuando el entonces consejero Francisco Blanco dejó de firmarlos por las dudas que le suscitaba el sistema.

Un dato. En 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia rebajó en un promedio del 6,2% las tarifas de referencia del sector, sin que la consejería trasladara la variación al importe de los contratos menores.

Blanco no fue el único en intuir el riesgo. Gonzalo Pescador, que fue director general con Torre, dijo en el Parlamento: «Desde luego que éramos conscientes de la posible irregularidad de los contratos, pero esto se consultó a la secretaría general técnica, y supongo que más arriba, y visto que no aparecía ninguna otra salida viable, se decidió actuar así». El alto cargo llegó a señalar a la funcionaria que habría sugerido la fórmula, algo que la aludida negó de forma tajante. Hay un hecho significativo. En aquella época las normas internas de la consejería prescribían que el responsable de proponer un contrato menor era el jefe de servicio, siendo el director general quien lo adjudicaba. De haberse cumplido esta instrucción, Torre nunca habría firmado los 126 contratos que le tienen en calidad de investigado.

A pesar de la referencia, fuentes próximas al caso señalaron que ayer el exconsejero eludió en su declaración implicar a colaboradores o funcionarios, esforzándose por justificar los motivos excepcionales que obligaron a mantener a Retevisión.

Declaró asistido por Francisco Alonso, del despacho Proley, quien en los últimos tiempos defendió al exalcalde de Cudillero. «Me lo ha puesto el partido», dijo el exconsejero, que evitó aclarar si el Principado se negó a asumir su defensa. «Al servicio jurídico no le consta ninguna petición» en ese sentido, precisó el Gobierno regional, que no se ha personado en la causa. «Aún no nos han hecho el ofrecimiento de acciones judiciales», explicaron desde el Principado.

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