«Por el trato de favor que dispensaba a Igrafo y APSA recibió dádivas»

Puede que José Luis Iglesias Riopedre ignorase la magnitud de irregularidades que cometía su 'número 2', y por las cuáles ésta se embolsó unos 1,8 millones, pero se saltó la ley para dirigir dinero de su departamento a su hijo. Es la tesis de la Audiencia Provincial, y contra la que interpondrá un recurso. Ayer, minutos antes de acceder a la Sala, confiaba que los siete años y siete meses que duró el proceso no han mermado las ganas de pugnar por su inocencia. «Al final te acostumbras a esto», expresó. Cuando acabó el juicio, en julio pasado, planeaba hacer algunas etapas del Camino de Santiago, algo a lo que no renuncia. «Desde Asturias es muy duro, pero estoy pensando hacerlo desde León», dijo.

La Fiscalía le acusaba de haberse ido un fin de semana a Tenerife pagado por Igrafo y APSA. La sentencia, en la parte leída ayer, no recoge eso. En el juicio, el exconsejero llevó a declarar a seis amigos que aseguraron haber cotizado para esa escapada, un regalo de cumpleaños que preparó María Jesús Otero.

«Por el trato de favor dispensado a las empresas de Víctor Manuel Muñiz, el acusado Riopedre recibió liberalidades no solo en atención al ingente volumen de contratación que obtenían de la consejería cuyo titular era José Luis, sino específicamente por recibir contratos menores al objeto de que Víctor subcontratara al hijo de José Luis», dice la sentencia en una expresión que también repite al hablar de APSA. Entiende así como una corruptela pagada al consejero los «al menos» 49.068 euros que Geogal cobró por Infiesto, los 33.280 euros que se llevó en otros sondeos, y los 99.405 que el propio Muñiz adelantó al hijo para que equipara su propia nave. Como los trabajos sí se hicieron, no castigan al hijo por ellos. Sí le imponen que devuelva los 99.405 euros al Principado, al entender que es dinero que Muñiz obtuvo inflando sus tarifas a Educación.

Fotos

Vídeos