El Tribunal de Cuentas confirma que Riopedre no dañó las arcas públicas

El exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, en la Audiencia a principios de este mes. / PABLO LORENZANA

El exconsejero había dicho que tres obras que ordenó pagar a Azorín se hicieron. La magistrada discrepa, pero asume que el dinero liquidó otros trabajos

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

La exministra Margarita Mariscal de Gante, actual consejera del Tribunal de Cuentas, ha desestimado la demanda interpuesta por el Principado contra el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, y quien fuera su jefa de servicio, C. C. El organismo les tenía procesados desde 2015 y llegó a exigirles un aval de 210.250 euros, so pena de embargo. Es una particularidad de esta jurisdicción: ordena a los acusados depositar la fianza antes de celebrar el juicio y tengan oportunidad de defenderse.

El desembarco del Tribunal de Cuentas en el 'caso Renedo', sobre una trama de corrupción en el Principado, data de 2014 y fue un empeño del actual vicepresidente del Congreso, Ignacio Prendes. Entonces había presidido la comisión de investigación que analizó el escándalo. El dictamen aprobado vio sospechosos 199 contratos abonados por el Principado e instó al Gobierno regional a remitirlos al Tribunal de Cuentas. Se trata éste de un organismo especializado en recuperar fondos públicos cuando han sido defraudados.

El Principado rehusó ir Tribunal de Cuentas al entender sus funcionarios que procedía esperar a que los jueces de lo Penal dictaran la sentencia del 'caso Renedo'. Discrepando, Prendes presentó él mismo los papeles, lo que derivó en una docena de inspecciones del organismo. Finalmente quedaron agrupadas en dos: la que analiza si Marta Renedo debe reponer 1,1 millones (aún por juzgar) y la que sentó en el banquillo de nuevo a Riopedre. El juicio se celebró el pasado 15 de junio. Al exconsejero de Educación lo defendía el exministro Manuel Otero Novas y la funcionaria fue representada por un letrado de Garrigues.

Versiones discrepantes

La polémica se centraba en tres contratos que Riopedre adjudicó el último día de 2009, por 173.499 euros, y que la jefa de servicio tramitó. Debían pagar un cambio de ventanas, el solado y la caldera de tres centros. Iglesias Riopedre insistió en que las obras «sí se realizaron». La funcionaria admitió que no y el empresario implicado, Antonio Azorín, ratificó esto último. Adujo que era la manera que le dieron desde la consejería para facturar otros trabajos de geotermia que sí realizaba en Infiesto, parte de los cuales subcontrató al hijo del entonces consejero. Como prueba aportó un fax girado desde la oficina técnica de Educación, explicitando el «modelo de oferta económica» a cubrir para pasar la factura del falso solado. Tras analizar el asunto, el Tribunal de Cuentas dictamina que «no cabe apreciar que los pagos en que se basa la demanda hayan originado un menoscabo de fondos públicos (...) con independencia de las responsabilidades de otra índole que pudieran derivar de las irregularidades cometidas en los procedimientos de contratación».

Es la misma conclusión a la que llegó la Audiencia Provincial, en la sentencia conocida el mes pasado. En ella considera que Iglesias Riopedre no perjudicó a las arcas públicas, puesto que hubo trabajos reales que se pagaron, pero para saldarlos firmó contratos falsos a sabiendas, todo para favorecer a su hijo. Por esos hechos lo ha condenando a seis años de prisión que el exconsejero va a recurrir.

La funcionaria quedó al margen de la sentencia, al entender De Gante que cuando le llegó la documentación los hechos que la afectaban ya estaban prescritos.

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