El tribunal descarta que el Principado utilizase facturas falsas en sus cuentas

Encarnación Rodríguez Cañas.
Encarnación Rodríguez Cañas. / J. DÍAZ

Desmonta la tesis de Otero, Muñiz y Sánchez que apuntaba a que la Consejería de Educación «se regía por el principio de 'todo vale'»

R. MUÑIZ / P. LAMADRID GIJÓN.

María Jesús Otero, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez sostuvieron, durante el juicio, que «la ejecución de las adjudicaciones de obras y servicios en la Consejería de Educación se regía por el principio del 'todo vale', al abrigo de supuestas -o no, depende de quien lo diga- razones de conveniencia o necesidad». Otro de los argumentos que los acusados, junto a Marta Renedo, reiteraron en el juicio, es que a finales de año todas las consejerías emitían facturas falsas para agotar el presupuesto de su departamento, entregando los últimos saldos a proveedores de su confianza. Pero el tribunal desmonta esta tesis: «No se ha practicado prueba que con un mínimo de consistencia acredite que la emisión de facturas anticipadas que luego se emplearan para cargar suministros de bienes y servicios servidos a la Administración constituía una práctica generalizada».

Los magistrados también rechazaron la «situación de absoluta anarquía que describen los acusados». Por su parte, las defensas alegaron que, en ocasiones, después de suministrar los bienes previstos en los contratos, los centros solicitaban cambios de algunos de ellos. Otras veces no se llegaban a servir los materiales contemplados en la adjudicación sino que directamente se entregaban otros. Y que se facturaba por adelantado a final del ejercicio para agotar el presupuesto, con lo que las necesidades y, por tanto, los bienes cambiaban. Aunque la Audiencia no niega que sea posible «que alguna de esas prácticas pudiera haberse llevado a cabo en alguna ocasión», descarta que esta sea la razón por la que los centros no tenían en su poder los bienes y las obras adjudicadas. «En el terreno de la lógica, sería francamente insólito que estas empresas sirvieran bienes por valor de cientos de miles de euros y que no estén en condiciones de acreditarlo», argumenta.

«Lo cierto es que tales bienes y obras facturados y cobrados no llegaron a los centros porque los acusados -María Jesús, Víctor Manuel y Alfonso Carlos- decidieron que no se suministraran con el propósito de atender sus particulares propósitos lucrativos, a costa de las arcas públicas, siendo esas alegaciones de los acusados presentándonos la ejecución de las adjudicaciones como el reino del caos un vano intento por convertir en incomprobable la hipótesis acusatoria», indica.

Sin cotejo público

En cualquier caso, lo cierto es que el Principado pagó por obras que jamás se hicieron, abonó facturas a empresas sin trabajadores y compró bienes que nunca llegaron a sus destinos. Todo ello lo achaca en exclusiva a Otero, Igrafo y APSA, sin que nadie más en la Administración -con la incógnita de si lo sabía Iglesias Riopedre- tuviera conocimiento de ello, o se haga referencia a fallo en los controles alguno.

Los magistrados se centran, a la hora de valorar las pruebas, «en aquellos casos concretos en que se manifestaron aquellas prácticas ilegales, comenzando por la acusación relativa a las adjudicaciones de obras y suministros con destino a los cinco centros docentes a que se contrajo la investigación». La sentencia no entra a valorar por tanto si estas artimañas delictivas pudieron llevarse a cabo en otras ocasiones.

Hasta 2015, el Principado no cotejó, en todos los colegios de la red pública, si se habían entregado los bienes por los que había pagado. Fue entonces cuando descubrió un posible fraude de cuatro millones de euros, que no se considera en el juicio por cuestiones de plazo. La sentencia también afeó la postura de Otero respecto a su exjefe. «La acusada no ha perdido oportunidad de involucrar al acusado en sus conductas», ya que era frecuente que respondiera a las preguntas de su abogada con la frase: 'Yo siempre tuve claro que mandaba el consejero y, por lo tanto, nunca obvié nada con él'». Es más. Los magistrados subrayan que esta declaración «proviene de alguien que, además de no estar obligada a decir verdad, aqueja un importante déficit de credibilidad subjetiva al expresarse así».

Respecto al ecologista y ex director general Joaquín Arce, el tribunal puntualizó que «no tiene pruebas concretas ni datos ciertos, por lo que la Sala no puede menos que traspasar a su propio esquema de valoración las palabras del testigo». Se ofreció a colaborar con la Justicia para manifestar que, en septiembre de 2002, avisó al entonces presidente, Vicente Álvarez Areces, de que «podía haber bastante corrupción» en Educación.

Según repitió en el juicio, Areces le instó a ponérselo por escrito, algo que interpretó como una falta de interés. Arce insistió en que Otero «actuaba siempre a instancias del consejero». Según el fallo, «estas afirmaciones hechas en términos genéricos sin precisar hechos concretos en los que el consejero hubiera instruido en tal o cual aspecto a la acusada y basadas en sospechas no respaldadas por pruebas concretas, vendrían referidas al periodo de 2000 a 2003, cuando los hechos que ahora nos ocupan se habrían iniciado en el año 2007».

Más

Fotos

Vídeos