Últimos interrogantes del 'caso Renedo'

La ceremonia no estaba prevista. La Audiencia contaba con haber entregado el millar de folios de la sentencia el 1 de septiembre. Un problema informático obligó a posponerlo, decisión que la fiscalía aprovechó para solicitar que, ya puestos, se hiciera lectura pública del asunto. Es lo que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal manda hacer, el mismo día en que se firma el fallo o al siguiente, aunque casi nunca se hace así.

La Audiencia adelantó el día 1 su fallo, decisión que provocó nuevos interrogantes. Aquí una lista de ellos.

Hay cuestiones en las que una sentencia de un millar de folios puede ahondar. Varios testigos aseguraron, bajo promesa, que era una práctica habitual que a finales de año las consejerías en las que trabajaban los acusados (Educación, Cultura y Administraciones Públicas) solicitaran a los proveedores facturas falsas. El objetivo era agotar el presupuesto, y luego al curso siguiente pedir materiales a cuenta de los fondos entregados. Como los euros ya habían salido del circuito de controles, quedaba entre el empresario y el funcionario o alto cargo su uso para fines impropios. Los exempleados de APSA aseguraron que la práctica estaba extendida en otras consejerías, algo que los funcionarios que testificaron negaron.

Al margen, la sentencia explicitará por qué el Principado deberá pagar por Marta Renedo la indemnización a sus víctimas si ella no puede.

La sentencia deja para una fase posterior la discusión sobre cuánto dinero deben devolver los condenados al Principado. Parte de los letrados aseguran que esa demora responde a que no existen ahora indicios suficientes para poner la cifra. Precisamente, la primera decisión que tomó la Audiencia al abrir el juicio fue la de no admitir un informe de la Administración regional que cifraba en cuatro millones el supuesto fraude en Educación entre 2009 y mitades de 2010. El documento llegaba demasiado tarde para ser considerado en las vistas.

El fallo condena al exconsejero José Luis Iglesias Riopedre a seis años de cárcel por cometer cuatro delitos, pero no le impone devolución alguna al Principado. Su 'número 2', María Jesús Otero, y sus proveedores de referencia, los dueños de Igrafo y APSA, sí tendrán que reponer fondos. La decisión parece asumir el criterio del inspector-jefe que inició el caso. En sala, hablando del veterano político, dijo: «No recibió ni un euro ilícito, pero como preocupado padre de un hijo al que no le iban bien las cosas, se aprovechaba para que las empresas dieran trabajo a su hijo».

Siguiendo el razonamiento, la Audiencia sí condena a su hijo a devolver 99.405,11 euros. Son los fondos que cree salieron de forma ilegal de Educación para favorecer a su empresa. La sentencia deberá aclarar por qué si Riopedre no se llevó directamente el dinero se lo condena a seis años.

Según el relato de la fiscalía y el Principado, Iglesias Riopedre pasó un fin de semana con su mujer en Canarias, en un hotel de lujo, escapada cuya factura apareció en las cuentas de Igrafo, y también en las de APSA. Para las acusaciones, eso prueba que los proveedores financiaron aquel descanso. Media docena de amigos del exconsejero aseguraron que en realidad ellos pusieron el dinero, que aquello era un regalo de cumpleaños de cuya gestión se encargó la 'número 2' de Educación, María Jesús Otero.

A Marta Renedo, la funcionaria con cuyas andanzas la policía inició la investigación, le imponen nueve años de prisión. Cinco son por falsificar expedientes públicos para malversar. Cuatro le caen por prevaricar. Este tipo penal castiga a «la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo». El debate se centra en si Renedo, como funcionaria, tiene capacidad de dictar resoluciones. En esencia, su defensa se ha basado en eso y en que si se la castigaba por falsificarlas, no podía penalizarle también como si hubieran sido reales y válidas.

Al margen de los siete acusados principales, en el banquillo se sentaron otros seis implicados secundarios. Todos son empleados públicos que, de una forma u otra, recibieron atenciones, cheques-regalo o similares por parte de Igrafo y APSA. Todos han resultado absueltos, salvo Francisco Javier Juárez, empleado del Ayuntamiento de Mieres. Su pena es moderada, una multa de 1.800 euros por aceptar un cohecho, lo que le deja ante la tesitura de que le puede resultar más caro recurrir la sentencia que asumirla a regañadientes. La sentencia deberá aclarar qué ha hecho que su versión no resultara tan creíble como la del resto de secundarios. Todos aseguraron que los viajes y enseres recibidos como supuesto regalo, al final, los habían pagado de su bolsillo.