La unidad de acogida del Materno se cierra «para dar mejor atención a los menores»

Pilar Varela defiende concentrar en Los Pilares la asistencia a tutelados pese a las críticas de la plantilla, Podemos y el Colegio de Trabajo Social

CHELO TUYA GIJÓN.

«Ni hay improvisación ni tiene nada que ver con los presupuestos que no nos han aprobado. Tampoco con beneficiar a ninguna entidad privada. Cerramos la Unidad de Primera Acogida (UPA) del Materno para mejorar la atención a los menores». La consejera de Derechos y Servicios Sociales, Pilar Varela, confirmó ayer lo que el comité de empresa de su departamento ya había anunciado: el Principado cierra la UPA del Materno para concentrar las plazas en Los Pilares.

La UPA es la primera puerta de entrada al sistema de protección de los menores en situación de vulnerabilidad. El Principado tenía abiertas en el Materno dos: una dedicada a menores de tres años y otra para adolescentes, de 12 a 18 años. Ésta, sin embargo, lleva dos años trasladada al Fundoma, debido a las obras de rehabilitación del edificio del Materno. En Los Pilares está la UPA para el resto y los grupos de hermanos.

«Llevamos un año en ello»

«Es una reorganización en la que llevamos trabajando un año», aseguró la consejera socialista. «Nos obliga la Ley del Menor de 2015. La norma dice que hay que favorecer siempre el acogimiento antes que el ingreso residencial y eso es lo que queremos hacer: trabajar con los menores desde el primer momento».

Pilar Varela, quien dice atender al criterio del fiscal de Menores, explicó que, «en ningún caso» la decisión beneficia «a ninguna entidad privada. La atención a los menores «seguirá siendo pública, Los Pilares es, como el Materno, un centro público». En su opinión, las críticas de la plantilla se deben «al inmovilismo. Entiendo que llevan muchos años trabajando juntos, pero los funcionarios estamos para servir al público». De los 22 trabajadores de la UPA de adolescentes, nueve serán trasladados al centro Los Pilares y, el resto, seguirán en servicios de menores.

Sin embargo, la plantilla considera el cambio «un grave deterioro para la calidad de la atención a los menores» y anuncia concentraciones y protestas. En su apoyo ha salido el Colegio Oficial de Trabajo Social, entidad que censura «el cierre de servicios públicos» y Podemos. La diputada Rosa Espiño pidió ayer «la comparecencia urgente de la consejera para que dé explicaciones».

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