La Universidad prevé cerrar las cuentas de 2017 con un superávit «interesante»

Precisamente respecto a la nominativa –que se lleva el 67% del total del presupuesto del próximo año-, el rector insistió en señalar que la aportación del Principado «no es suficiente». Solo cubre 126 de los 138 millones que supone el pago de los salarios del personal fijo. Los doce millones restantes tendrá que aportarlos la Universidad, detrayéndolos de otras partidas. «Es un dinero que no podremos gastar en los medios que necesitan los estudiantes, en servicios para ellos, en laboratorios, bibliotecas… Todo eso nos lastra», reconoció Santiago García Granda. Con todo, el convenio de financiación suscrito recientemente con el Gobierno regional para los próximos cuatro años abre la posibilidad a aplicar un método de «financiación a base de módulos» para ajustar ésta al número de profesores. Es un sistema que ya se aplica para determinar la aportación por alumno y con el que el rector confía en que, al final del mandato, se pueda reducir esa brecha hasta dejarla en «uno o dos millones» de diferencia.

El Consejo de Gobierno también dio el visto bueno al Plan Propio de Investigación y Transferencia, al que se dedicarán 1,8 millones, más del doble que este año. De esa cantidad, 900.000 euros irán al plan de apoyo y promoción de la investigación.

Lo que sí volverá a hacer el equipo rectoral que encabeza García Granda será «pedir un crédito para tener liquidez, aunque esperamos no tener que utilizarlo». Todo apunta a que, como ocurrió este año, no tendrán que echar mano de ese dinero. «En este momento estamos haciendo los cálculos del posible cierre y, a pesar de que queremos tender a un equilibrio presupuestario real al cierre del ejercicio, lo cierto es que tendremos superávit», reconoció la gerente de la Universidad. Lo que no avanzó Ana Caro fue una cifra aproximada. Se limitó a calificar ese posible superávit de «interesante».

Por otro lado, la Universidad prevé contar el próximo año con un Código Ético. De su redacción se encargará un comité integrado por varios miembros elegidos por el claustro de entre las distintas ramas de conocimiento, un representante del personal de administración y servicios, otro de los estudiantes y la defensora del universitario, que tendrá voz pero no voto. «Será un código muy diverso, amplio y consensuado, que no quede en una estantería y que se pueda llevar a la práctica», apuntó la vicerrectora Eugenia Suárez. En él se recogerán asuntos como los plagios o los conflictos de interés.