La Universidad recibirá veinte millones hasta 2022, diez menos de los que pedía

La catedrática Amelia Bilbao, Santiago García Granda, Javier Fernández y los exrectores Juan Sebastián López-Arranz y Juan Vázquez.

La institución académica y el Principado cierran un acuerdo de financiación que no satisface al rector pero que Javier Fernández cree «el mejor posible»

LAURA MAYORDOMO OVIEDO.

«La mejor dotación económica posible a la Universidad dentro de los márgenes presupuestarios de los que disponemos». O un acuerdo que «no nos satisface». Las interpretaciones que el presidente del Principado, Javier Fernández, y el rector, Santiago García Granda, hicieron ayer del contenido del Plan de Financiación de la Universidad 2018-2022 difieren tanto como la cantidad concedida finalmente por el Gobierno regional y la reclamada inicialmente por la institución académica. Diez millones de diferencia hay entre la propuesta que el equipo rectoral presentó a finales del año pasado -aspiraba a recibir seis millones anuales en cinco años- y los 20 millones del acuerdo «que prácticamente hemos cerrado» y prevén firmar «de forma inminente.

No ocultó García Granda su decepción con el resultado de la negociación en la que, personalmente o representado por varios vicerrectores, ha mantenido en los últimos meses con las consejerías de Educación y Hacienda. «Hacemos todo lo posible para que nuestros argumentos se entiendan, pero al final la decisión la tiene el Principado. Nosotros no tenemos la llave de la caja», lamentó en declaraciones a los medios antes de presidir el acto de apertura del curso académico en la biblioteca del Edificio Histórico. Declaraciones en las que, por dos veces, habló de una cantidad «inferior a los veinte millones» para los cinco próximos años.

La cifra la redondeó, no obstante, Javier Fernández durante su intervención en la ceremonia inaugural del curso. Especificó que el Plan de Financiación 2018-2022 tiene tres bases. La primera, el mantenimiento de la aportación ordinaria a la institución académica para sus gastos de funcionamiento. La segunda, diez millones para el denominado contrato programa. Es decir, una financiación por objetivos «que permita el desarrollo de un conjunto de actuaciones orientado a conseguir mejoras en la docencia, la investigación y la gestión, incrementado en cantidad y calidad los resultados de las institución y mejorando nuestra producción y aumentando nuestra visibilidad y posicionamiento nacional e internacional», enumeró el rector, que calificó de «modesto» el importe de dicho plan.

La tercera pata son otros diez millones para cofinanciar el 80% del plan inversiones en infraestructuras, que García Granda considera «muy necesario» tanto para el mantenimiento de los edificios actuales como para mejorar los laboratorios y dotar a facultades y escuelas «de zonas de trabajo que los nuevos métodos docentes exigen». Hay un detalle más. Principado y Universidad han acordado llevar a cabo una revisión del plan a los dos años de su aplicación, es decir, en 2020 de modo que «si las condiciones económicas del Principado mejorasen, se revisaría su aportación a este programa».

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Y mientras Javier Fernández proclamaba que «el compromiso del Gobierno de Asturias con la Universidad está fuera de discusión», el rector lamentaba que la pretensión de su equipo de gobierno desde que llegó al Rectorado, de contar con un contrato programa, no se hubiese conseguido ya este ejercicio. Santiago García Granda también instó al Consejo Social a implicarse en la búsqueda de apoyos sociales y empresariales que permitan aumentar los recursos privados asociados a la actividad universitaria y fomentar el mecenazgo.

Más apoyo a la investigación

Convencido de que la investigación y la innovación son «fundamentales» para el desarrollo económico y social de un país, defendió el rector que todo el dinero que se destina a este capítulo es una inversión y no un gasto «como continúan empeñados los mandatarios nacionales y regionales». Criticó amargamente que el trabajo de los científicos no se vea compensado con mayores apoyos. En cambio, reprochó, que los recursos destinados a la ciencia se redujeron en España un 35% en los últimos cinco años. Y si hablamos de Asturias, el escenario no es mucho más halagüeño. Aquí, dijo el rector, «cada año navegamos en un mar de incertidumbre». ¿Un ejemplo? El retraso, «un año más y pese a que en esta edición no hay cambios en el sistema de evaluación», de las becas Severo Ochoa. O, lo que para Santiago García Granda es aún «más preocupante», la incertidumbre que se cierne sobre las ayudas a los grupos de investigación para 2018. «El programa termina en diciembre y aún no se han publicado las bases de la convocatoria que permita iniciar el próximo año con la necesaria continuidad en el programa de subvenciones».

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