Vacío legal ante las imprudencias

Desde que comenzó julio, cada ocho horas muere ahogada una persona en España

INÉS GALLASTEGUI GIJÓN.

Un hombre ebrio chapotea en la piscina tras una opípara comida sin soltar el cubata. Unos padres confían el cuidado de su hijo pequeño a la capacidad de flotación de unos manguitos. Una pareja intenta rescatar a un perro en una balsa de riego. Una mujer tumbada sobre una colchoneta se aleja de la orilla en un pantano. Una mujer se adentra en el mar picado, dejando a sus espaldas la bandera roja. En estas o similares situaciones, 285 personas han muerto ahogadas en lo que va de año en España, 75 en lo que llevamos de julio. La cifra es un 10% mayor que en 2016 y un 30% superior a 2015. Porque este verano ocurre una de esas tragedias cada ocho horas.

La imprudencia, el despiste o la inconsciencia sobre el riesgo que representa el medio acuático están detrás de estos accidentes. Y también cierto vacío legal. Solo un tercio de las playas españolas tiene vigilancia pero, incluso en aquellas controladas por técnicos de salvamento, estos carecen de autoridad para impedir las conductas temerarias.

«No me vas a amargar»

«En otros países, cuando se pone la bandera roja y el socorrista da dos pitidos, todo el mundo sale del agua», asegura Jessica Pino, responsable del Informe Nacional de Ahogamientos, que elabora con datos recogidos de los medios de comunicación la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). «Aquí te dicen: No me vas a amargar el fin de semana'. Y siguen bañándose».

Contra lo que suele pensarse, los niños y jóvenes no son los más propensos a este tipo de muerte. Según los datos del Ministerio de Sanidad, solo uno de cada diez fallecidos por ahogamiento en 2015 tenía menos de 20 años. Los mayores de 65 representaban el 43%.

Los especialistas creen que los niños deberían recibir formación en los colegios desde pequeños. Tendrían que aprender a nadar y conocer tanto los consejos de prevención como las técnicas de salvamento. «La reanimación cardiopulmonar tendría que enseñarse en las escuelas. Los niños aprenden rápido y bien, y tienen toda la vida por delante para ser reanimadores en potencia», enfatiza la doctora Marta Martínez del Valle, coordinadora del grupo de Urgencias y Emergencias de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia.

Necesario sancionar

Pero la educación no es la única vía. Muchos expertos están de acuerdo en que hay un vacío legal. En su artículo 115, la Ley de Costas establece que los ayuntamientos tienen las competencias para «vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas». Aunque, eso sí, en los términos previstos por las respectivas normas autonómicas. «Hay demasiada legislación y muy dispersa, y el muerto les cae a los municipios», lamenta el abogado Antonio Reina. «Nosotros reivindicamos desde hace tiempo una ley estatal», afirma la representante de la RFESS.

El letrado critica que la decisión de contratar o no socorristas y su número dependa de la voluntad y la capacidad económica de los gobiernos locales, a menudo acuciados por las deudas. En España, solo una tercera parte de los arenales está vigilada y el 94% de las muertes se producen en espacios no controlados, según el Informe Nacional de Ahogamientos. En las piscinas, las situaciones varían. Mientras las municipales siempre cuentan con vigilante, en las comunitarias y las privadas depende del criterio del propietario. La formación de estos técnicos también es muy heterogénea. Algunos cursos 'on line' otorgan un título sin pisar la playa.

Allí donde sí hay socorristas, estos no tienen autoridad para impedir que un bañista se meta en el agua cuando hay mala mar. Cada vez más municipios aprueban ordenanzas que castigan las conductas temerarias. En las playas de Lorca (Murcia), por ejemplo, bañarse con bandera roja puede costar 1.500 euros y, además, los socorristas no están obligados a rescatar a los infractores. Sin embargo, las multas son escasas. El último fin de semana, la mayor parte de las playas de Tarragona lucieron la enseña colorada por la presencia de fuertes corrientes. Cientos de personas se bañaban tranquilamente, pero la Guardia Urbana solo tramitó dos sanciones. País Vasco, Cataluña y Galicia ya han regulado cobrar.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos