1.231 edificios de más de cincuenta años tendrán que evaluar su estado

Edificios en la calle de El Sol, en el centro de la ciudad. / LVA
Edificios en la calle de El Sol, en el centro de la ciudad. / LVA

El Ayuntamiento remitirá lo largo de marzo una carta a las comunidades de propietarios recordando la obligatoriedad del informe y los plazos

J. F. GALÁN AVILÉS.

Si el edificio en el que vive o posee un local tiene cincuenta o más años, tendrá que someterse a una inspección que evalúe su estado. Y si ya supera los 55 el margen de tiempo es escaso, antes del 28 de junio. Se centra en los elementos estructurales, en la accesibilidad y en la eficiencia energética y el coste, a cargo de la comunidad -las viviendas unifamiliares están exentas- se estima entre 150 y más de 2.000 euros. Ha de ser llevado a cabo por un arquitecto, un arquitecto técnico o un aparejador, y es válido por diez años. Una vez superado este plazo, hay que renovarlo.

Es el informe de Evaluación de los Edificios (IEE), también conocido como la 'itv de los edificios', recogido en la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana con el fin de «asegurar la calidad y sostenibilidad del parque edificatorio y facilitar a las administraciones públicas la evaluación del cumplimiento de las condiciones básicas legalmente exigidas en materia de conservación y accesibilidad».

LOS PUNTOS CLAVE

Conservación:
el estado de conservación de edificio se describirá en atención a una serie de elementos estructurales, constructivos e instalaciones que no requieran, por su normativa sectorial, inspecciones técnicas específicas, constatando los defectos o deficiencias que se pueden apreciar mediante inspección visual.
Accesibilidad:
el informe evaluará el grado de accesibilidad del edificio y enumerará los elementos que incumplen lo dispuesto en la normativa vigente en materia de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio. También propondrá mejoras.
Eficiencia energética:
si el edificio ya cuenta con un certificado de eficiencia energética en vigor, sin que haya habido variaciones en sus características o instalaciones, bastará con adjuntar dicho certificado. En caso contrario, deberá efectuarse una nueva certificación.

En cumplimiento de la ley, el Principado ha creado un registro general de informes de evaluación de los edificios de Asturias. Se nutre de los censos municipales realizados por los ayuntamientos, que recogen la totalidad de los edificios de cada municipio, su edad y la fecha en la que de forma obligatoria deben realizar el primer IEE y los sucesivos.

En el caso de Avilés, son 1.231 los que han de someterse a inspección antes del 28 de junio, aquellos construidos con anterioridad al año 1963. Las comunidades de propietarios que se encuentren en esta situación recibirán a lo largo de marzo una carta remitida por el Ayuntamiento recordándoles la obligatoriedad de contar dicho informe.

Fecha límite

La normativa data de 2013. Entonces el Principado concedió un margen de cinco años, de ahí que únicamente aquellos que entonces ya habían cumplido los cincuenta tienen que realizar la revisión antes del 28 de junio. A los que hayan alcanzando el medio siglo a partir de aquella fecha o vayan a alcanzarlo próximamente se les aplica el mismo margen, cinco años. Por tanto, los construidos en 1964 tendrán que realizarla el año que viene, en 2020 los de 1965, y así sucesivamente.

La inmensa mayoría de las comunidades han decidido apurar al máximo. A día de hoy, son muy pocas las que ya cuentan con el informe, que se realiza de forma visual y se completa con una serie de documentación, tales como contratos de mantenimiento o certificados.

Vigilará por el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, con especial atención a elementos como fachadas y cubiertas. No será objeto de evaluación la detección de vicios o daños ocultos ni la determinación precisa del origen de los daños observados, aunque sí la formulación de un prediagnóstico de sus posibles causas. También observará el grado de accesibilidad del inmueble, describiendo posibles ajusten caso de ser necesarios y factibles, y la certificación energética.

Si el evaluador lo considera necesario, propondrá a la comunidad elaborar un informe pericial o técnico que establezca un diagnóstico preciso de los daños, su origen, la forma de subsanarlos y la necesidad, en su caso, de redactar un el documento técnico que corresponda en función de la naturaleza de la actuación.

En suma, el informe detallará las actuaciones que en su caso tendría que acometer la comunidad y en qué plazo en base a una escala de prioridad, del uno al tres. Hay otros dos grados, el cuatro y el cinco, si bien en este caso se trata de recomendaciones, sin obligatoriedad. Una vez realizado hay que presentarlo en el registro del Principado, encargado de su validación y en función de los resultados de conceder las oportunas licencias de obras o de dictar las debidas órdenes de ejecución.

El gobierno regional ha establecido subvenciones, con un importe máximo de veinte euros por vivienda o por cada cien metros de superficie útil en el caso de tratarse de un local sin que en ningún caso pueda superarse la cantidad de 500 euros o la mitad del coste del informe por edificio.

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