
«Esto demuestra que nunca se debía haber iniciado un proceso contra mi cliente, en una postura que también mantuvo el ministerio fiscal», declaró ayer Concepción Trabado, la abogada de la defensa. La letrada subraya que la decisión del TSJA confirma que «el auto de archivo que en su día dictó en Avilés estaba bien fundado. El juicio nunca se debió celebrar, evitando molestias a mi cliente y para la sociedad, que tuvo que asumir el coste del jurado y su propia dedicación a la vista pública».
Concepción Trabado ya comunicó a su cliente el fin del proceso superado. «Aún lo están asimilando. Tanto él como su familia se encuentran muy contentos, pero aún deben digerir esta tortura». Y es que los tres años de proceso han supuesto un auténtico sufrimiento tanto para J. M. E. P. y sus familiares. Además del coste económico de un proceso de este tipo, han soportado el desgaste psicológico de una acusación de asesinato que incluso provocó que J. M. E. P. solicitase la baja en el Cuerpo Nacional de Policía.
Esta situación puede provocar un nuevo proceso judicial, pero de naturaleza civil. «Aún está todo muy reciente, pero nuestra ideas es solicitar responsabilidad civil patrimonial al Estado por los daños causados a mi cliente, tanto los gastos del proceso como el daño moral causado a él y a su familia», declaró Trabado.
«Fabricar pruebas»
Y es que la letrada considera que «se fabricaron pruebas en contra de mi defendido. Ya en 2002, un informe señaló que era imposible comparar la letra del espejo en la que se basaba la acusación con una escritura en un plano horizontal y a bolígrafo, como la que se utilizó para inculpar a mi cliente».
Trabado recuerda que «en mis conclusiones en el juicio ya dije que la investigación judicial fue negligente desde el principio. La policía no puede perseguir a cualquiera y colgarle un asesinato. Es una acusación muy seria y, lo más grave, es que nunca sabremos quién mató a Alfredo Fernández».
Concepción Trabado también estudiará solicitar indemnizaciones a los medios de comunicación que publicaron la imagen y el nombre del único imputado. «No se respetó la presunción de inocencia y, además, cuando se absuelve, se olvidan de dar la noticia. A todas luces esto es ilegal y estudiaremos qué se puede hacer. Espero que todo esto nos sirva para reflexionar y evitar que se repita en el futuro. Han podido destrozar la vida de una persona por vincular su nombre e imagen a un crimen que no cometió».
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