
Los manifestantes cruzaron neumáticos y maderas sobre la calzada y les prendieron fuego, que estuvo activo hasta las 9 horas, momento en que se desplazaron hasta la autovía minera (AS-1), donde montaron otra barricada en el kilómetro 30. Con este otro corte de tráfico, tanto la entrada como la salida de Gijón quedó bloqueada y obligó a los vehículos a tomar otras rutas alternativas.
La circulación de vehículos quedó normalizada una hora más tarde, cuando los mineros se desconcentraron al llegar al lugar una patrulla de la Guardia Civil.
La explotación de Mina La Camocha continuó ayer paralizada por quinto día consecutivo, mientras ocho sindicalistas permanecen encerrados en la octava planta, a 552 metros de profundidad, en reclamo del pago de salarios atrasados y de un plan laboral.
La empresa gijonesa adeuda a sus 157 trabajadores -entre 8 y 12 podrían acogerse a prejubilaciones antes del cierre- los sueldos de agosto, media paga de enero y las pagas extra del primero de mayo y de verano, debido a que el Ministerio de Industria no ha abonado las ayudas previstas en el plan del carbón desde comienzos de año. De todos modos, el departamento que dirige Joan Clos se comprometió ante Carbunión el pasado miércoles a abonar las ayudas a La Camocha en un plazo de quince días. Pero a los mineros e la explotación gijonesa no sólo les preocupa poder cobrar agosto o setiembre, sino qué futuro les espera a partir del 31 de diciembre. ¿Cómo se va a ordenar el cierre?, ¿Cómo va producirse las recolocaciones? Sobre estos asuntos, los sindicatos y el secretario de Energía, Ignasi Nieto, tratarán del alcanzar un acuerdo. Sólo así se pondrá fin al conflicto laboral en La Camocha. Los encerrados en el pozo «mantienen la moral alta y tienen intención de continuar hasta que haya una solución global», aseguraron ayer fuentes del SOMA-FIA-UGT. Las mismas fuentes explicaron que hará falta «un mecanismo transitorio, que contemple los activos y pasivos y el elemento patrimonial de La Camocha» y pidieron al ministerio que tenga en cuenta la singularidad de una explotación que, pese a ser privada, recibió subvenciones en concepto de contrato-programa.
Críticas de Cañal
Por su parte, el diputado popular Ramón García Cañal culpó ayer a la «combinación de ineficacia de Areces y Zapatero» del retraso de las inversiones de los fondos mineros, tanto del plan 1998-2005 como del actual. Según dijo, en la actualidad hay más de 700 millones de euros sin invertir, con lo que apostilló que los proyectos «acumulan tres o cuatro años de retraso». Cañal explicó que del plan de la minería (2006-2012) «no hay proyectos redactados», lo cual consideró necesario «para que una vez que se firmen los convenios licitarlos. Sin embargo, no hay nada. El Principado se ha dormido y no ha encargado los proyectos», criticó el diputado del PP. Vaticinó que «los proyectos de la anualidad de 2006 no empezarán a ejecutarse hasta 2012».






