AL GRANO
El anzuelo del gasto
08.11.07 -
EL proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado para el año 2008 ya está en la Junta General, donde conocerá una larga tramitación que terminará en nada porque los dos grupos de la oposición planean presentar enmiendas a la totalidad, que en el caso de la de IU tiene todos los visos de prosperar ya que será presumiblemente respaldada por el PP. Pese a ese más que probable destino, el Gobierno ha trabajado con gran ilusión para presentar unas cuentas regionales atractivas, susceptibles de ser votadas por cualquier grupo parlamentario que quiera sintonizar con los deseos de los ciudadanos. Como la economía del Principado está saneada (bajo nivel de deuda), el proyecto presupuestario carga la mano sobre el gasto social hasta elevarlo a una cantidad de 2.798 millones de euros, lo que supone 213 millones más que el año anterior. Un 65,6% de las cuentas regionales se dedican a satisfacer necesidades públicas, como son la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Es muy discutible que haya que agrandar el gasto social hasta un porcentaje tan elevado porque queda menos margen para desarrollar políticas activas de inversión, aunque el mayor defecto no es éste, sino la cultura de dependencia que crea, ya que resulta muy tentador apuntarse al gratis total de los servicios públicos. Hay otro problema añadido: la inercia presupuestaria. Es muy difícil retirar una partida de las cuentas regionales. Las necesidades que afloran un año, de forma coyuntural, quedan ancladas en los presupuestos de forma definitiva.
Todas estas matizaciones son conocidas por la clase política, pero ningún grupo, ni de derechas ni de izquierdas, discrepa de esa práctica tan asturiana de glorificar lo público, como si no tuviera un coste y todo fuera financiado por unos fondos europeos exuberantes sin fecha de caducidad. Por eso no se puede criticar a un Gobierno que busca dramáticamente aliados parlamentarios que paguen peaje a los axiomas de la política regional: máximo gasto social, como rasgo de política progresista. Lo que no resulta congruente es que un grupo como IU, permanente demandante de gasto público, prepare una enmienda a la totalidad contra los presupuestos más sociales de la etapa autonómica.
Es muy discutible que haya que agrandar el gasto social hasta un porcentaje tan elevado porque queda menos margen para desarrollar políticas activas de inversión, aunque el mayor defecto no es éste, sino la cultura de dependencia que crea, ya que resulta muy tentador apuntarse al gratis total de los servicios públicos. Hay otro problema añadido: la inercia presupuestaria. Es muy difícil retirar una partida de las cuentas regionales. Las necesidades que afloran un año, de forma coyuntural, quedan ancladas en los presupuestos de forma definitiva.
Todas estas matizaciones son conocidas por la clase política, pero ningún grupo, ni de derechas ni de izquierdas, discrepa de esa práctica tan asturiana de glorificar lo público, como si no tuviera un coste y todo fuera financiado por unos fondos europeos exuberantes sin fecha de caducidad. Por eso no se puede criticar a un Gobierno que busca dramáticamente aliados parlamentarios que paguen peaje a los axiomas de la política regional: máximo gasto social, como rasgo de política progresista. Lo que no resulta congruente es que un grupo como IU, permanente demandante de gasto público, prepare una enmienda a la totalidad contra los presupuestos más sociales de la etapa autonómica.
