ECONOMÍA
El precio de la vivienda en Asturias subió un 98% en los últimos ocho años
El Principado dispone de 583.858 casas y sólo el 8% es de alquiler Los asesores fiscales reclaman a las autonomías una menor presión fiscal sobre los pisos para controlar su precio
El mercado de la vivienda tiene tres problemas básicos: un precio caro, que se agrava con unos tipos de interés relativamente elevados; una renovada prudencia de las entidades bancarias en la concesión de hipotecas, lo que aplaza cualquier decisión de compra, y poca oferta de alquiler. Éste es el diagnóstico que realiza el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), que preside el asturiano Jesús Sanmartín, en un documento que analiza los costes fiscales asociados a la adquisición, uso y alquiler de pisos.
El informe, que fue presentado ayer en Madrid, también ofrece datos sobre la evolución de los precios. En los últimos ocho años, la vivienda en Asturias se ha encarecido un 98,07%, al pasar de los 882,90 euros por metro cuadrado en el año 2000 a los 1.748,8 euros en 2007. El espectacular incremento es, sin embargo, el sexto más bajo del país, cuya media se sitúa en un aumento del 130,74%. Andalucía, con un encarecimiento del 155%, encabeza la lista que cierra Murcia, con un ascenso del 55,92%.
El número de viviendas construidas en Asturias ha crecido un 11,57% en los últimos seis años, para alcanzar en 2006 las 583.858 casas, de las que sólo el 8% se destina al alquiler. Arrendar un piso en el Principado también es ahora más costoso que hace tres años, pero esa evolución es cuatro veces menor que la experimentada por el precio de las casas. Según los datos del REAF, el alquiler medio cuesta este año 474 euros al mes, un 25,4% más que en 2005.
Presión impositiva
Los asesores fiscales consideran que una de las soluciones más factibles y «efectivas» para controlar el incremento del precio de la vivienda, con el fin de mantenerlo en niveles cercanos a la inflación, sería reducir la presión impositiva sobre su compraventa, en especial la que realizan las comunidades autónomas. Éstas tienen en los impuestos sobre actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales, que se dirigen de manera fundamental al sector inmobiliario, dos de sus principales fuentes de ingresos.
Según los últimos datos oficiales correspondientes a la liquidación del sistema de financiación territorial, tres de cada cuatro que recaudan las autonomías llegan por esa vía. En 2005, último ejercicio contabilizado, fueron 15.335 millones de euros sumando ambos impuestos, lo que supone un 23% más que el ejercicio anterior. No obstante, las administraciones autonómicas sólo perciben poco más de un tercio de los recursos obtenidos por la tributación de la vivienda, en concreto el 35,5% frente al 37,6% del Estado (solamente por el IVA) y el 26,8% de las entidades locales. Este dato complica cualquier reforma que venga a reducir ese capítulo de ingresos como, por ejemplo, la que piensa proponer el PP con vistas a las comicios generales de marzo. Mariano Rajoy prometió que si ganaba reduciría o incluso «eliminaría» el tributo de actos jurídicos documentados, que se ha de abonar cada vez que se acude a un registro para oficializar una operación, por ejemplo, la compraventa de una casa.
La propuesta hecha por el REAF va en ese sentido, al pedir que se «limite» este tipo de tributación. Tras advertir que casi una quinta parte del coste de la vivienda nueva son impuestos (en concreto, 17 de cada 100 euros), Jesús Sanmartín, recordó que casi todas las comunidades han duplicado el tipo impositivo del citado tributo desde 2001 (al pasar del 0,5% al 1%).
El informe, que fue presentado ayer en Madrid, también ofrece datos sobre la evolución de los precios. En los últimos ocho años, la vivienda en Asturias se ha encarecido un 98,07%, al pasar de los 882,90 euros por metro cuadrado en el año 2000 a los 1.748,8 euros en 2007. El espectacular incremento es, sin embargo, el sexto más bajo del país, cuya media se sitúa en un aumento del 130,74%. Andalucía, con un encarecimiento del 155%, encabeza la lista que cierra Murcia, con un ascenso del 55,92%.
El número de viviendas construidas en Asturias ha crecido un 11,57% en los últimos seis años, para alcanzar en 2006 las 583.858 casas, de las que sólo el 8% se destina al alquiler. Arrendar un piso en el Principado también es ahora más costoso que hace tres años, pero esa evolución es cuatro veces menor que la experimentada por el precio de las casas. Según los datos del REAF, el alquiler medio cuesta este año 474 euros al mes, un 25,4% más que en 2005.
Presión impositiva
Los asesores fiscales consideran que una de las soluciones más factibles y «efectivas» para controlar el incremento del precio de la vivienda, con el fin de mantenerlo en niveles cercanos a la inflación, sería reducir la presión impositiva sobre su compraventa, en especial la que realizan las comunidades autónomas. Éstas tienen en los impuestos sobre actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales, que se dirigen de manera fundamental al sector inmobiliario, dos de sus principales fuentes de ingresos.
Según los últimos datos oficiales correspondientes a la liquidación del sistema de financiación territorial, tres de cada cuatro que recaudan las autonomías llegan por esa vía. En 2005, último ejercicio contabilizado, fueron 15.335 millones de euros sumando ambos impuestos, lo que supone un 23% más que el ejercicio anterior. No obstante, las administraciones autonómicas sólo perciben poco más de un tercio de los recursos obtenidos por la tributación de la vivienda, en concreto el 35,5% frente al 37,6% del Estado (solamente por el IVA) y el 26,8% de las entidades locales. Este dato complica cualquier reforma que venga a reducir ese capítulo de ingresos como, por ejemplo, la que piensa proponer el PP con vistas a las comicios generales de marzo. Mariano Rajoy prometió que si ganaba reduciría o incluso «eliminaría» el tributo de actos jurídicos documentados, que se ha de abonar cada vez que se acude a un registro para oficializar una operación, por ejemplo, la compraventa de una casa.
La propuesta hecha por el REAF va en ese sentido, al pedir que se «limite» este tipo de tributación. Tras advertir que casi una quinta parte del coste de la vivienda nueva son impuestos (en concreto, 17 de cada 100 euros), Jesús Sanmartín, recordó que casi todas las comunidades han duplicado el tipo impositivo del citado tributo desde 2001 (al pasar del 0,5% al 1%).
