La apertura de las diligencias tuvo su origen en la denuncia, interpuesta en julio de 2007, por la agrupación política Unidá, por la inminente actuación urbanística en la zona donde se encontraba la encina, una especie protegida en el catálogo del Principado de Asturias. Unidá denunció, además, que en el mismo solar se encuentra un inmueble susceptible de protección.
La tala de la encina se produjo, el 6 de setiembre de 2006, por operarios de la empresa mencionada y sin contar con ningún permiso municipal.





