LOS ONCE SUELOS
En concreto, se ubican en Brañalamosa, Maramuñiz y Soterraña, en el municipio de Lena; Caunedo, en Somiedo; El Rucio, Terronal y Los Rueldos, en Mieres; Olicio, en Cangas de Onís; Texeo, en Riosa, y terrenos de Felguera Melt y Nitrastur, en Langreo. Este último suelo potencialmente contaminado es el de mayor extensión, con 210.000 metros cuadrados de superficie. Las actividades que se desarrollaron en la mayoría de estos emplazamientos datan de épocas muy antiguas, incluso del siglo XIX, pero en algunos los trabajos se mantuvieron hasta décadas recientes. Según los estudios preliminares de Medio Ambiente, la inversión necesaria para recuperar esos suelos ronda los 50 millones de euros. El proceso podría durar años. El Principado deberá convocar en las próximas semanas a los titulares de los terrenos y ayuntamientos afectados con el objeto de recabar informes que ayuden a determinar, entre otros aspectos, hasta qué punto la contaminación de los diferentes suelos puede afectar a la salud pública.
Desde la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural se abordarán también los análisis e investigaciones necesarios para subsanar la contaminación de estos suelos, y se requerirá al Registro de la Propiedad una anotación preventiva de esta situación.
270 hectáreas saneadas
Las apenas 270 hectáreas que se han logrado sanear en el conjunto del país durante los 10 años de vigencia del primer plan nacional de recuperación de suelos contaminados costaron más de 170 millones de euros, entre la inversión del Ministerio de Medio Ambiente, los Fondos de Cohesión europeos y las comunidades autónomas. De ellos, 12,6 millones se gastaron en Asturias en diferentes procesos de saneamiento que se pusieron en marcha durante los años 1996, 1998, 2001, 2002, 2003 y 2004.
El nuevo plan aprobado por el Gobierno hasta 2015 prevé una inversión pública de 25,5 millones de euros. Expertos medioambientales resaltan que se requerirían 180 años para finalizar las labores de recuperación, con lo que el problema pasaría a las siguientes siete generaciones. El Gobierno asegura que en las dos últimas décadas ha habido avances significativos. Por un lado, la primera ley de prevención y corrección de la contaminación del suelo, en vigor desde 2005, y que obliga a los responsables de los terrenos tóxicos a pagar su limpieza. La normativa prevé multas de 1,2 millones de euros y el cierre definitivo de la actividad que cause la contaminación. A ello se une el inventario de suelos potencialmente contaminados elaborado en 1999 en el Principado y que gracias a una exhaustiva investigación posterior apoyada por la firma Rymoil S. A. ha permitido poner el acento en los once emplazamientos.
La ley estatal de residuos estableció en 1998 la obligación de las comunidades autónomas de realizar un inventario de suelos contaminados. Dado que los criterios del análisis no se definieron hasta 2005, se realizó un primer inventario con estudios preliminares de algunos emplazamientos como primera aproximación.
Trabajo «complejo»
En la actualidad, según explica el profesor de la Universidad de Oviedo Jorge Loredo, uno de los especialistas que ha participado en la elaboración del inventario, se están elaborando los Niveles Genéricos de Referencia para metales en el Principado. Se trata de un trabajo de «gran complejidad», según reconocen técnicos de Medio Ambiente, ya que los análisis que se han hecho hasta el momento, sobre todo en la cuenca carbonífera, en zonas no contaminadas ni afectadas por actividades humanas, han arrojado valores muy dispares y en algunos casos muy elevados (por ejemplo en fallas), debido a la alta presencia de metales. Otro aspecto a considerar para poder valorar los riesgos y tomar las medidas oportunas para la descontaminación es caracterizar el riesgo que las concentraciones de metales medidas en los suelos representan para la salud humana y de los ecosistemas. Para ello es necesario contemplar la caracterización del metal (estado de oxidación, formas minerales y alterabilidad de las mismas, naturaleza del compuesto: orgánico o inorgánico, etc) así como la capacidad del suelo que contiene este metal para inmovilizarlo.
En este sentido se ha desarrollado el concepto de 'cargas críticas'; es decir, la concentración máxima de un determinado compuesto tóxico que un suelo es capaz de asimilar sin liberarlo. De los listados que se incluyeron en este inventario, se realizaron estudios más detallados de doce emplazamientos, la mayoría contaminados por arsénico y metales pesados salvo uno de ellos que presentaba contaminación por compuestos orgánicos y que ya está siendo descontaminado.
En el último Consejo de Gobierno de 2007, el Ejecutivo aprobó el segundo plan de suelos contaminados, con vigencia hasta 2015. Por vez primera -hasta ahora siempre se ha hablado de suelos potencialmente contaminados, que alcanzan casi 7.900 hectáreas- se estima que la superficie contaminada oscila entre las 1.279 y la 3.120 hectáreas. Medio Ambiente señala que en las investigaciones de la calidad del suelo realizadas se detectó un riesgo para la salud humana en el 12% de los emplazamientos.
El plan contempla tres líneas de actuación: mejora de la información de los suelos, una coordinación interinstitucional y la prevención y recuperación. La inversión total de 25,5 millones se considera como «motor para captar fondos de otras administraciones y del sector privado». El proceso de descontaminación de suelos está en marcha pero tardaremos varios años en verlo terminado. El ministerio descarta que se pueda disponer del inventario completo de las áreas afectadas antes de 2011. El Principado acaba de poner en marcha el proceso para declarar un total de once suelos contaminados por metales. Se localizan en seis concejos y suman cercan de 270.000 metros cuadrados.
1. Brañalamosa
Ocupa una superficie de 1.200 metros cuadrados y se sitúa en los alrededores de una antigua explotación de mercurio próxima al pueblo de Brañalamosa. Los trabajos mineros que se desarrollaron desde finales del siglo XIX y hasta 1974 sobre las dos laderas del arroyo de Brañalamosa han dejado la zona hundida y cubierta por una densa arboleda y matorrales. Además de seis áreas de explotación repartidas entre las dos laderas, se han delimitado hasta ocho escombreras. La recuperación de Brañalamosa requiere la excavación de 2.000 metros cúbicos de los materiales de la escombrera y los suelos contaminados, transfiriéndolos a un gestor regional autorizado, con el objeto de depositarlos en un vertedero de seguridad. Medio Ambiente estima un coste global de un millón de euros.
2. Caunedo
Este suelo se sitúa en Somiedo, en una zona en la que, hasta la década de los 70, existieron explotaciones mineras para la extracción de mercurio. Hoy se encuentra en estado de abandono y se mantienen dos escombreras con superficies de entre 2.500 y 5.500 metros cuadrados y restos de las antiguas instalaciones. El tratamiento propuesto consistiría en la excavación de las escombreras y los suelos afectados, reubicándolos en un único monovertedero de seguridad. Se ha estimado un coste unitario de 3,5 millones de euros, sin incluir la posterior gestión de lixiviados.
3. El Rucio
Se encuentra al norte de Mieres, a unos 300 metros de la localidad de La Peña y acogió en su día pequeñas labores extractivas de mercurio, a través de una galería. El saneamiento de la zona requiere la excavación de 1.000 metros cuadrados de los materiales de la escombrera con el objeto de depositarlos en un vertedero de seguridad. El coste unitario ronda los 500.000 euros.
4. Felguera Melt
Los terrenos de Felguera Melt fueron objeto de una intensa actividad industrial a lo largo del siglo XX. En la actualidad la zona se encuentra, en su mayor parte, en estado de abandono. Además de la contaminación por metales, hay suelos contaminados por compuestos orgánicos. El saneamiento de la zona precisa de la excavación de las zonas contaminadas, su retirada y su transferencia a un gestor regional autorizado, para ser finalmente depositados en un vertedero de seguridad. La inversión prevista es de 500.000 euros.
5. La Peña
En 2003, concluyeron los trabajos de construcción de un monovertedero de seguridad, que permitió encapsular bajo la AS-I la mayor parte de los residuos y suelos contaminados de la escombrera de La Peña-El Terronal. Sin embargo, en la actualidad permanecen en el emplazamiento las instalaciones de la planta de tratamiento en estado de total abandono. Lo mismo ocurre con las chimeneas utilizadas para la evacuación de los gases provenientes del proceso de tratamiento del mineral. Los técnicos que han estudiado la zona proponen excavar 3.000 metros cúbicos de los suelos y residuos de la planta de tratamiento y las chimeneas, así como de algún pequeño acopio de estériles. El coste global unitario previsto asciende a 1,5 millones.
6. Los Rueldos
El yacimiento de Mercurio de 'Los Rueldos' se encuentra situada en la parte alta del valle del arroyo de Morgao, a pocos metros de la bocamina y próxima a una escombrera de estériles de carbón de la empresa Hunosa. Los especialistas proponer excavar 3.000 metros cúbicos de los materiales de la escombrera para su posterior depósito en un vertedero de seguridad. Se estima un coste global de 1,5 millones de euros por tonelada.
7. Maramuñiz
La explotación de mercurio en la zona empezó a finales de 1939.
No obstante, el período de mayor actividad se produjo en la década de los 60, cuando llegó a emplear a 20 personas y alcanzó una producción diaria de 675 kilogramos. El saneamiento de este suelo pasa por la excavación de unos 3.000 metros cúbicos de los materiales de escombrera. El coste unitario asciende a 1,5 millones de euros.
8. Nitrastur
En 1923 se funda la empresa Sociedad Ibérica del Nitrógeno, que utiliza como materia prima piritas de Huelva y se dedica a la obtención de compuestos nitrogenados y abonados. En 1933 desaparece y veinte años después empieza a producir fertilizantes convertida en Nitrastur. En sus ruinas industriales, además de la contaminación por metales pesados, se han detectado dos áreas afectadas por compuestos orgánicos. En la práctica totalidad del emplazamiento no existe un suelo contaminado en sentido estricto sino una mezcla heterogénea de residuo y suelo. Los técnicos recomiendan una gestión mixta. Para el material afectado por metales pesados, proponen construir un monovertedero de seguridad dentro de los límites del emplazamiento. Para los 10.000 metros cúbicos de suelos contaminados por compuestos orgánicos, tratamientos térmicos. El coste unitario de esta solución, sin tener en cuenta la gestión y el tratamiento de los lixiviados, asciende a 22,5 millones de euros.
9. Olicio
La explotación de mercurio en la zona comenzó en los años 50 y en 1965 entró el funcionamiento el pozo Olicio. La actividad finalizó en los 70, coincidiendo con el inicio de la crisis del mercurio. Hoy, cerca del pueblo de Brengues, existe una pequeña represa que en su día construyó la empresa minera, para evitar que materiales de la escombrera llegasen al río Sella. La propuesta de Medio Ambiente es excavar 2.500 metros cúbicos de los materiales de la escombrera con el objeto de depositarlos en un vertedero de seguridad 'off-site'. Para este tratamiento se estima un coste global unitario de 300 euros por tonelada.
10. Soterraña
La mina de La Soterraña acogió las labores mineras de mercurio más importantes de la zona. La ubicación de la mina (una zona montañosa, de relieve accidentado y con fuertes pendientes) y el importante volumen de material contaminado, requiere la excavación de la escombrera y los suelos para su posterior traslado a un monovertedero de seguridad. El vertedero podría ser aprovechado para albergar materiales de emplazamientos cercanos, cuyos volúmenes afectados son muy inferiores. El coste global estimado es de 13,2 millones.
11. Texeo
Las instalaciones de la mina Texeo, explotación de cobre desde tiempos prehistóricos hasta su cierre definitivo en 1960, ocupaban toda la ladera del monte Tejeo. El material de las instalaciones metalúrgicas y de tratamiento del mineral fue abandonado con bastante poco respeto por el medio ambiente, quedando en sus inmediaciones una escombrera y numerosos restos con deshechos del horno. Sería necesario excavar 5.000 metros cúbicos de los materiales de la escombrera y los suelos contaminados. Para este tratamiento se estima un coste global unitario de 2,5 millones de euros.





