OPINIÓN CARTAS
Pido más justicia social, no caridad
08.05.08 -
Con la entrada en vigor en abril de 2007 de la Ley de Autonomía Personal y Apoyo a la Dependencia, popularmente conocida como 'Ley de Dependencia', España, teóricamente, daba un avance importantísimo en la profundización del llamado Estado del Bienestar.
Desde mi punto de vista, para la inmensa mayoría de los españoles esta fue la Ley más importante aprobada por el Gobierno de Zapatero, ya que en ella se reconoce la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar a las personas dependientes, los cuidados y recursos necesarios para lograr una mayor calidad de vida y el mayor grado de autonomía personal posible.
Asturias fue la primera comunidad autónoma en iniciar el proceso de tramitación de solicitudes, algo que tanto a las personas dependientes, como a las familias cuidadoras, nos lleno de satisfacción. Sentimiento éste que lamentablemente con el paso de los meses fue dando paso, primero a la decepción, y después a la indignación y el cabreo.
Yo formo parte de una de esas familias asturianas que tenía a su cargo el cuidado de una persona mayor dependiente, en este caso una anciana de 98 años, y que una vez desbordados por las circunstancias, solicitamos una plaza en una residencia pública. Vano intento, ante la escasez e insuficiencia de las plazas públicas para atender a la creciente demanda. Tras larga espera, nos vimos obligados a ingresarla en una residencia privada.
Posteriormente, el día 8 de octubre de 2007, solicité la valoración del grado de dependencia tras casi 5 meses de espera. Me dieron cita para el día 27 de marzo de 2008, cita que posteriormente retrasaron de forma unilateral para el día 14 de abril.
Pues bien, mi tía, dada su avanzada edad, acabó falleciendo antes de poder ser valorada. Por supuesto, éste no es un hecho aislado, para vergüenza de unos políticos que se dicen socialistas, de hecho yo mismo conozco varios casos más. Pienso que detrás de esta estrategia deliberada de dejar pasar el tiempo, sólo se busca ahorrar el mayor dinero posible a costa de las personas dependientes. La verdad es que a mí me quedó la sensación de que desde la Consejería de Bienestar Social me tomaron el pelo miserablemente.
Comprendo que poner una Ley en funcionamiento pueda ser complejo, pero mi opinión es que lo único que se pretendió hasta ahora fue enredar para sacar pecho, aparentar antes de las elecciones, lo que no puedo entender es que se tarde una media de 6 meses en hacer una valoración de alguien que ya está en una residencia, máxime cuando el espíritu de la ley es facilitar a la persona dependiente el recurso que mejor responda a sus necesidades.
De todas formas lo que está claro es que en Asturias, si tenemos en cuenta el número tan importante de solicitudes presentadas, pendientes de tramitar, el número de plazas en residencias públicas, centros de día y residencias para discapacitados existente, es vergonzosamente insuficiente.
Dada la cicatería del Gobierno asturiano en la construcción de nuevos centros asistenciales públicos, finalmente corremos el riesgo de que la Ley de Dependencia sirva más para contribuir a llenar los bolsillos de empresarios privados, que para fortalecer el Estado del bienestar.
Vista la falta de compromiso e iniciativa de la Consejería de Bienestar Social, sólo nos queda pensar que al menos en Asturias la tan esperada ley no va a dar respuesta a las positivas expectativas que generó en su día y con algo de suerte, lo que se terminará por hacer, tras meses o años de trámites y papeleo, será dar una paga mísera a las familias cuidadoras para que sigan haciéndose cargo de las personas dependientes, como hasta ahora. Francamente, una tomadura de pelo.
Desde mi punto de vista, para la inmensa mayoría de los españoles esta fue la Ley más importante aprobada por el Gobierno de Zapatero, ya que en ella se reconoce la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar a las personas dependientes, los cuidados y recursos necesarios para lograr una mayor calidad de vida y el mayor grado de autonomía personal posible.
Asturias fue la primera comunidad autónoma en iniciar el proceso de tramitación de solicitudes, algo que tanto a las personas dependientes, como a las familias cuidadoras, nos lleno de satisfacción. Sentimiento éste que lamentablemente con el paso de los meses fue dando paso, primero a la decepción, y después a la indignación y el cabreo.
Yo formo parte de una de esas familias asturianas que tenía a su cargo el cuidado de una persona mayor dependiente, en este caso una anciana de 98 años, y que una vez desbordados por las circunstancias, solicitamos una plaza en una residencia pública. Vano intento, ante la escasez e insuficiencia de las plazas públicas para atender a la creciente demanda. Tras larga espera, nos vimos obligados a ingresarla en una residencia privada.
Posteriormente, el día 8 de octubre de 2007, solicité la valoración del grado de dependencia tras casi 5 meses de espera. Me dieron cita para el día 27 de marzo de 2008, cita que posteriormente retrasaron de forma unilateral para el día 14 de abril.
Pues bien, mi tía, dada su avanzada edad, acabó falleciendo antes de poder ser valorada. Por supuesto, éste no es un hecho aislado, para vergüenza de unos políticos que se dicen socialistas, de hecho yo mismo conozco varios casos más. Pienso que detrás de esta estrategia deliberada de dejar pasar el tiempo, sólo se busca ahorrar el mayor dinero posible a costa de las personas dependientes. La verdad es que a mí me quedó la sensación de que desde la Consejería de Bienestar Social me tomaron el pelo miserablemente.
Comprendo que poner una Ley en funcionamiento pueda ser complejo, pero mi opinión es que lo único que se pretendió hasta ahora fue enredar para sacar pecho, aparentar antes de las elecciones, lo que no puedo entender es que se tarde una media de 6 meses en hacer una valoración de alguien que ya está en una residencia, máxime cuando el espíritu de la ley es facilitar a la persona dependiente el recurso que mejor responda a sus necesidades.
De todas formas lo que está claro es que en Asturias, si tenemos en cuenta el número tan importante de solicitudes presentadas, pendientes de tramitar, el número de plazas en residencias públicas, centros de día y residencias para discapacitados existente, es vergonzosamente insuficiente.
Dada la cicatería del Gobierno asturiano en la construcción de nuevos centros asistenciales públicos, finalmente corremos el riesgo de que la Ley de Dependencia sirva más para contribuir a llenar los bolsillos de empresarios privados, que para fortalecer el Estado del bienestar.
Vista la falta de compromiso e iniciativa de la Consejería de Bienestar Social, sólo nos queda pensar que al menos en Asturias la tan esperada ley no va a dar respuesta a las positivas expectativas que generó en su día y con algo de suerte, lo que se terminará por hacer, tras meses o años de trámites y papeleo, será dar una paga mísera a las familias cuidadoras para que sigan haciéndose cargo de las personas dependientes, como hasta ahora. Francamente, una tomadura de pelo.
