Este criterio es compartido por otras regiones que tienen unas singularidades similares, como es el caso de Galicia, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Aragón. Desde que se abrió la caja de pandora, ninguna autonomía se ha quedado callada y todas han intentado posicionarse en esta carrera de fondo que podría tener su desenlace después del verano cuando, en principio, está previsto que se reuna el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En esta línea, el presidente del Gobierno destacó que el nuevo sistema «no puede surgir de otro modo que a partir de un acuerdo entre todos» y debe ser «un equilibrio entre los intereses de todos para que el conjunto siga avanzando. Los ciudadanos, que son la justificación última de cuanto hacemos, salen ganando si el sistema asume al máximo los intereses del Estado, de su comunidad y del resto de autonomías», subrayó.
Zapatero garantizó que el nuevo sistema debe «mejorar la solidaridad», que es la que permite un «desarrollo equilibrado» del país, «haciéndola más transparente y vinculándola de modo efectivo a la dotación en infraestructuras y a la garantía de fondos suficientes para un nivel de servicios general para todos los ciudadanos».
En todo caso, recalcó que el Gobierno defenderá que el nuevo sistema implique mayor corresponsabilidad fiscal por parte de las comunidades, «para garantizar que cada administración asume, en el momento de decidir sus gastos, la responsabilidad de conseguir los ingresos necesarios para ello», y que gaste los recursos que recibe de acuerdo a los objetivos a los que están destinado ese recurso.
El sistema, añadió, debe garantizar suficiencia financiera al Estado para que pueda desarrollar proyectos necesarios para el proyecto conjunto de España, como la construcción de infraestructuras interautonómicas, la financiación de servicios sociales como el sistema de atención a la dependencia y el impulso de planes territoriales como los que se hicieron en la anterior legislatura para Soria, Teruel, Jaén, Extremadura, León, Zamora y Salamanca, planes que, aseguró, tiene intención de prorrogar y extender a otros territorios si es necesario.
Reformas
El jefe del Ejecutivo se refirió, por otro lado, a las reformas de los Estatutos en las comunidades que aún no las han llevado a cabo, como es el caso del Principado, y afirmó que para todas ellas «las pautas son homogéneas, las mismas para todos», un «alto consenso de origen sobre la conveniencia de revisar esas normas institucionales básicas de cada comunidad y conjugación de las propuestas enviadas por los parlamentos autonómicos con el interés general, a la luz de la Constitución».
Zapatero advirtió de que aunque estas pautas son «homogéneas», las reformas aprobadas no tienen por qué serlo. La lógica del proceso de reformas estatutarias, afirmó, pretende garantizar «la viabilidad de los Estatutos y su articulación al proyecto común de España», pero sin impedir «que las peculiaridades de cada comunidad queden suficientemente reconocidas y preservadas».
Por otra parte, El presidente del Gobierno reclamó a los senadores que sean ellos quienes alcancen un acuerdo para la conversión del Senado en una auténtica cámara territorial. Con esta iniciativa, Zapatero desgaja su propuesta de reforma limitada de la Carta Magna, el apartado más conflictivo y más difícil de consensuar con el PP. Podrá centrar así sus esfuerzos en la negociación de los demás puntos y, en especial, del más perentorio: la igualdad de hombre y mujer en la sucesión a la Corona.







