ECONOMÍA
Trabajo amplía de doce a quince meses el plan de recolocaciones
26.06.08 -
La crisis apremia y los indicadores económicos oficiales se devalúan día a día. Así, tras el anuncio de la subida del paro a una tasa próxima al 11% en 2009 (300.000 parados más), el Ministerio de Trabajo e Inmigración no se cruza de brazos y desvela que la vigencia del plan de recolocación -ideado por el anterior titular del Departamento Jesús Caldera- se ampliará de un año a 15 meses. La aplicación comenzará en septiembre de 2008 y terminará en diciembre de 2009, de momento, dado que no está descartada su prórroga si el mercado laboral continúa en declive.
Precisamente para conseguir el respaldo territorial definitivo al plan, calificado en un principio como urgente, hoy acudirán a Madrid los consejeros de las comunidades, para celebrar la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales. El ministro, Celestino Corbacho, insiste en que el proyecto es un instrumento, una ayuda a los parados, a aplicar desde las autonomías, puesto que las denominadas políticas activas de empleo -becas, subvenciones, cursos, formación...- están transferidas a las comunidades, salvo en el caso del País Vasco, donde actuará el Estado.
En resumen, el plan está destinado a unos 470.000 desocupados, costará 201 millones de euros (presupuesto que el Gobierno mantiene inalterable desde su primer diseño), contará con 1.500 orientadores para la atención personalizada a los desempleados, y proporcionará 350 euros mensuales, por un máximo de tres veces, a los parados que necesiten formación para su regreso al mercado laboral y que tengan ingresos inferiores al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), situado en 517 euros al mes. Por movilidad geográfica cada desocupado podrá recibir hasta 11.374 euros.
Sin dudas
Para el ministro no hay duda de que las comunidades aceptarán el proyecto. Argumenta que, «si alguna comunidad lo rechaza querría decir que carece de desempleo» porque si no es así «se vería en una difícil tesitura al tener que explicar a sus ciudadanos cómo se opone a recibir una ayuda que permitirá encontrar empleo a sus parados», explicó desde la sede de su Departamento.
El baremo para el reparto de los 1.500 orientadores tiene que ver con el número de oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) ubicadas en cada autonomía. En total existen unos 700 centros y la distribución teórica es de dos tutores por cada local. La elección de estos trabajadores corresponderá a la autoridad territorial que previamente recibirá del Estado el dinero para la contratación. Después, los orientadores identificarán las condiciones y características de los desocupados, mientras que en paralelo, la comunidad elaborará la relación de empresas y sectores con vacantes profesionales para, de esta manera, casar ofertas y demandas.
