La directora de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, declaró ayer ante la Policía como imputada en la 'operación Astapa' sobre corrupción urbanística que ha llevado a prisión al ex alcalde de la localidad, Antonio Barrientos (PSOE).
Patricia Rojo salió de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la localidad sobre las 14.30 horas, tras haber llegado a las dependencias a las 10.00 horas, aunque no efectuó manifestaciones al abandonar el recinto, del que salió dentro de un vehículo desde un aparcamiento interior. No han trascendido datos sobre la declaración.
Ella fue la gerente de Urbanismo del consistorio propuesta por los socialistas al inicio de la anterior corporación, cuando funcionó una gerencia mancomunada en este área con gerentes de los tres partidos que entonces gobernaban conjuntamente, el PSOE, el Partido de Estepona (PES) -creado por ex integrantes del GIL de Jesús Gil- e Izquierda Unida.
Uno de esos gerentes, el representante del PES, era Pedro López, ahora en libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros e imputado de los presuntos delitos de cohecho y malversación por la jueza instructora de la 'operación Astapa'.
Investigaciones
Durante la jornada de ayer también declaró el alcalde accidental de Estepona, Rafael Montesinos, que estuvo dos horas en la comisaría de la Policía Nacional. Todas las declaraciones se encuadran dentro de las investigaciones que se están llevando a cabo con motivo de la puesta en marcha de la 'operación Astapa' contra la presunta trama de corrupción urbanística destapada en el Ayuntamiento del municipio costasoleño.
Montesinos no aclaró ni a su llegada ni a su salida si estaba imputado en la causa o si su declaración era sólo como testigo y sólo ha explicado que acudía «a colaborar con la Justicia en todo lo que sea necesario».
El primer edil andalucista, además, garantizó el pago de las nóminas de los trabajadores municipales a finales de esta semana y anunció que el 4 de julio se celebrará el pleno en el que se admitirá la renuncia al acta de concejal del hasta ahora alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), que se encuentra en prisión incondicional sin fianza desde el pasado viernes acusado de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la próxima semana los imputados en esta causa que están prestando declaración ante la policía tendrán que hacerlo ante la juez instructora, Isabel Conejo.