El Comercio Digital

Las mujeres jóvenes se incorporan al mercado laboral igual que los hombres, por lo tanto no necesitan una renta de supervivencia llegado el caso de que su pareja fallezca, mientras que existen miles de ancianas, mayores de 70 años, que viven solas y reciben una prestación muy baja tras haber perdido a su marido.

En consecuencia, es necesario reformar en profundidad la pensión pública de viudedad, según declaró ayer, en el Congreso de los Diputados, el titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

El ministro intervino por primera vez en la comisión no permanente del Pacto de Toledo para explicar los planes de su Departamento en materia de Seguridad Social. El Pacto de Toledo que ha servido de base para todas las reformas de pensiones realizadas con posterioridad a esa fecha. El acuerdo fue renovado en 2003 y, ahora pasados otros cinco años, sus señorías han de abordar nuevos cambios tal y como recoge la propia regulación del Pacto. Corbacho informó que Trabajo elaborará un informe en el que se evaluarán los resultados de última revisión. El diputado del PP, Tomás Burgos, abogó por modificaciones profundas en el sistema de la Seguridad Social. A su juicio, es preciso establecer carreras laborales más largas, bases de cotización elevadas y una edad más tardía de jubilación para acceder a una pensión pública.

El ministro insistió en que es preciso estudiar los avances sociales que necesita el país y hacer previsiones a largo plazo para que el Estado de Bienestar no se vea afectado por el aumento el envejecimiento de la población y el incremento de la esperanza de vida.

Respecto a la reforma de la pensión de la viudedad, de las palabras del ministro se desprende que el arranque del proceso será la proposición de ley aprobada el pasado martes, sometida a la consideración de la comisión, en la que se optaba por subir la base reguladora de la prestación. En la actualidad y en términos aproximados, la viudedad conlleva el cobro de 52 euros por cada 100 que percibía el fallecido. El avance de esta semana, propuesto por CiU, eleva propugna elevar la cantidad a los 70 euros, con carácter general y a los 90 si existen cargas familiares de hijos menores de 26 años o dependientes. Corbacho también se mostró proclive a parar las jubilaciones anticipadas. A su juicio, no tiene sentido que los empleadores y los sectores saquen del mercado laboral a trabajadores de 50 años de edad. Igualmente, aseguró que los incentivos fiscales de los mencionados sistemas complementarios no variarán, en contra del aumento solicitado por el sector empresarial.