Las imprudencias se pagan, decía la campaña de la Dirección General de Tráfico. Y más en la montaña, podrían añadir los servicios de rescate y emergencia. Durante los minutos previos al simulacro que cerró ayer las V Jornadas Técnicas de Coordinación de Emergencias de las tres comunidades autónomas con terreno en los Picos de Europa, celebradas en Covadonga, la consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos, indicó que, tal y como planteaba anteayer el director en materia de Seguridad en Asturias, el Principado «está estudiando» seguir el ejemplo de Cantabria y aplicar unas tasas por los rescates motivados por la imprudencia de las víctimas.
«Estamos valorando lo que ha hecho Cantabria, pero en todo caso hablamos siempre de negligencias», insistió la consejera. Y puso como ejemplo a aquellas personas que asumen riesgos porque no tienen en cuenta las previsiones meteorológicas antes de iniciar una ruta difícil o ni siquiera cuentan con un permiso para adentrarse en una cueva. Cuando esto ocurre hay que activar un plan de emergencia para actuar «con un equipo material y humano que, además de tener un coste importante, pone en riesgo su vida para salvar a esas personas. El de las tarifas es sin duda una línea en la que hay que trabajar y un debate que hay que abordar», añadió.
La ley aprobada por el Parlamento cántabro entró en vigor el pasado 1 de enero y todo lo que hay hasta el momento es una relación de tarifas que salió publicada el pasado 31 de diciembre en el Boletín Oficial de Cantabria. Así, por el establecimiento de un dispositivo de rastreo o búsqueda se cobrarán cien euros y cincuenta más cada hora, por la salida de toda una dotación completa de un parque de emergencias (cuatro bomberos) la tarifa ascenderá a los 327,91 euros a la hora y por un equipo de espeleología (alrededor de quince personas), la víctima pagaría 500 euros hasta las seis primeras horas, con cien euros más cada hora a partir de la séptima. Todas estas actuaciones se encarecerían en caso de necesitar el helicóptero en el que se desplazan cinco personas (rescatador, piloto, copiloto, médico y gruista), ya que su salida cuesta 1.639,57 euros a la hora.
Decidirá un juez
Hasta el momento, estas tarifas no se han aplicado a ningún caso concreto en Cantabria. «Hay un problema de legalidad -recordó la consejera asturiana- que es el que se está analizando ahora mismo y veremos en qué situación se formula cuando tengamos el primero de los casos pero nos parece bien». Y es que tendría que ser un juez quien dilucidara si las víctimas han actuado de forma negligente o no.
Tras el simulacro, se habló de los costes que conlleva un rescate en Asturias. Más allá del material y de los salarios de los especialistas y médicos, María José Ramos fijó su atención en el alquiler de los helicópteros, que rondan ahora mismo los 1.500 euros a la hora. Además, la consejera recordó que el Principado tiene un concurso en marcha para alquilar un nuevo aparato durante tres años. Se trata de un helicóptero medicalizado biturbina, con espacio para que el herido pueda ser tratado por el médico en perfectas condiciones durante su traslado al hospital. «Es como una UVI móvil», describió.
El gasto en este aparato, unido a los dos helicópteros más pequeños para incendios, durante este trienio será de 8,7 millones de euros. El alquiler por horas de este nuevo helicóptero biturbina ascendería hasta los 3.000 euros.
La consejera también destacó que, a diferencia de Castilla y León y otras comunidades autónomas, en estos helicópteros no sólo viaja un rescatador, sino que va a bordo un médico que determina cómo debe actuar en cada emergencia.
Habrá, pues, que esperar a ver qué sucede con en los próximos meses. De momento, el Principado, conocedor de la temeridad de alguno de sus visitantes, vigila de cerca el caso cántabro y espera a la aplicación de las tasas en la comunidad vecina.