AVILES
La empresa recuerda que en Avilés siguen trabajando 190 personas y los afectados por los despidos mantendrán las movilizaciones
05.06.09 -
Los trabajadores se reunieron ayer. / RAFA GONZÁLEZ
El grupo Konecta negó ayer que se hubiese «desviado empleo hacia otras provincias o países», asegurando que los 82 despidos que serán efectivos a partir del próximo 10 de junio se deben a que la campaña con el cliente «ha sufrido una disminución drástica del volumen de actividad desde el pasado mes de enero».
La empresa también recordó que la plataforma de Avilés mantiene en su equipo a 190 personas, 97 de ellas con contrato indefinido, expresando su intención de mantener el empleo en la ciudad. Además, negó cualquier tipo de irregularidad en la gestión de las subvenciones recibidas y asegura que «mantenemos un número de contratos indefinidos superior al exigido en la convocatoria de incentivos».
De esta forma, la compañía respondía ayer a las movilizaciones que el pasado miércoles paralizaron el centro de Konecta BTO en protesta por los despidos del personal.
Los trabajadores, por su parte, acordaron en asamblea mantener sus movilizaciones para conseguir frenar los despidos o lograr que la compañía constituya una bolsa de empleo, para que los afectados por los despidos puedan reincorparse a la actividad. Hoy, a partir de las 18 horas, la plantilla recibirá a la visita del diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que acudirá acompañado por la candidata al Parlamento Europeo, Marta Pulgar, y el coordinador local, José Fernando Díaz Rañón.
La presidenta del comité de empresa, Pilar Arango, destacó que las movilizaciones habían logrado que «dos altos directivos de la empresa, como Miguel Fernández, director general de Konecta BTO, y José Ignacio González, director general de operaciones del grupo Konecta, se desplazasen desde Madrid para reunirse con el comité».
Según la versión facilitada por Arango, el encuentro no sirvió para nada, ya que «mantienen su propuesta de despidos y rechazan la creación de una bolsa de trabajo. Su única idea es que la conflictividad es mala para la empresa».
La presidenta del comité replicó a las declaraciones de la alcaldesa, Pilar Varela, donde expresó su comprensión hacia los argumentos de la compañía para rescindir los contratos. «Nos hubiese gustado vernos más arropadas por la alcaldesa. Son 78 mujeres las que están en esta situación y de haber tenido la misma vehemencia apoyándonos, seguro que todos estaríamos trabajando», comentó.
Arango también respondió ayer a las críticas hacia los sindicatos, expresadas en la edición digital de este diario, sobre la falta de información de la huelga o la ausencia de movilizaciones ante despidos anteriores. Así, aseguró que «la convocatoria de huelga respetó los plazos legales y durante su tramitación las secciones sindicales informaron a todo el mundo». Además, recordó que en los anteriores 14 despidos «hubo una denuncia colectiva y, finalmente, los afectados llegaron a un acuerdo con la empresa pactando un despido improcedente, lo que aquí no sucede».
