«Debería demostrarse que trabajó con objetividad». La presidenta de la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas, María Jesús Martín, cree que si los procesos judiciales abiertos por acoso y maltrato contra M. J. R. R. -médico forense asignado a los partidos judiciales de Luarca y Castropol- se cierran con una sentencia condenatoria, deberían revisarse los informes realizados desde 2004 a mujeres víctimas de violencia de género en el marco de su labor profesional.
Según explicó la abogada, desde la entrada en vigor de la actual ley integral contra la violencia de género se exige que todos los operadores jurídicos que intervienen en la asistencia a las víctimas tengan una formación específica en esta materia y trabajen con una perspectiva de género. «Es un avance que se estaría vulnerando si se demuestra su culpabilidad y también que, pese a ellos, siga realizando reconocimientos a víctimas de esta violencia». En su opinión, si ambos supuestos quedaran probados «habría que revisar sus informes para ver si cumplen con la objetividad requerida y están realizados siguiendo unas pautas claras que demuestren que esa persona entiende lo que es la violencia de género. Si no se cumplen esos criterios, si no se corrobora su objetividad, sería un motivo para pedir la revisión de esos casos». En este sentido María Jesús Martín destacó que «el dictamen del forense tiene una enorme relevancia en el procedimiento, ya que de sus informes se puede derivar una sentencia condenatoria o absolutoria».
La letrada consideró que «es una barbaridad que esto haya ocurrido, si ha ocurrido» y, siempre respetando la presunción de inocencia, señaló que «en caso de que se pruebe que siguió realizando valoraciones, deberían pedirse responsabilidades a quien competa y abrir el oportuno expediente disciplinario. Si las administraciones han actuado como aseguran, apartándole de este tipo de casos, quien permitiera que siguiera trabajando en ellos vulneró esta orden».
María Jesús Martín criticó también la demora en la celebración de un juicio por la denuncia por acoso interpuesta contra M. J. R. R. ya en marzo de 2004. «No conozco el caso, pero evidentemente es absurdo que se tarde cinco años en juzgar un caso tan sencillo como unas amenazas y unas vejaciones. De poco sirve que condenen a un señor cinco años después».
Presunción de inocencia
Por otra parte, según pudo saber EL COMERCIO, en 2007 la que entonces era directora del Instituto de Medicina Legal, María Antonia Hernández, informó al Ministerio de Justicia de la situación en la que se encontraba M. J. R. R. y, aún asumiendo la presunción de inocencia, pidió que se le apartara de los casos de violencia de género. El propio Ministerio había remitido ya en 2005 una orden en este sentido, que según la versión de la Administración motivó que el funcionario fuera relevado en estos supuestos, si bien el propio M. J. R. R. desmintió este extremo en declaración judicial el pasado 28 de enero.
En el marco de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, a raíz de la denuncia por acoso presentada contra él por una gijonesa, el funcionario declaró que parte de su trabajo sigue consistiendo en evaluar a mujeres víctimas de maltrato y que nadie le ha retirado esa competencia. La ausencia de una sentencia condenatoria dificulta que las administraciones puedan adoptar medidas en este sentido.
